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Caso Reficar: juez impone medida de aseguramiento a todos los investigados
Los delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento.
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Miércoles, Enero 17, 2018 - 10:46
Colprensa (Referencia).
El juez 16 de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en contra de todos los implicados en el escándalo de Reficar y estableció la forma en la cual los siete investigados deberán responder ante la justicia.
La determinación señala que para Felipe Laverde Concha, exvicepresidente ejecutivo del Downstream y Reyes Reinoso Yáñez, expresidente de Reficar en 2013, se impone medida de aseguramiento domiciliaria, bajo el argumento que los dos procesados están asistiendo a las diligencias judiciales.
En contra del excontratista estadounidense Massoud Deudehban, exrepresentante ejecutivo de CB&I, se ordenó detención en establecimiento carcelario en Colombia, emitiendo una orden de captura en su contra por las presuntas irregularidades en los gastos generados sobre la modernización de la Refinería de Cartagena.
También se ordenó medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad para Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar en 2009, por su avanzada edad; restricciones para salir del país en contra de Pedro Alfonso Rosales Navarro y Carlos Alberto Lloreda Silva, como exmiembros de la mesa directiva de Reficar y supuestos responsables de las irregularidades en los contratos.
Además se ordenó que el excontratista estadounidense y exdirectivo de CB&I, Philip Kent Asherman, debe presentarse dos veces al mes en el Consulado de Colombia en Houston Estados Unidos, en desarrollo del proceso penal y no puede salir de Estados Unidos.
La Fiscalía llamó a juicio a estas siete personas bajo los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento, cuyas diligencias iniciarán en los próximos días.
Las investigaciones de la Fiscalía se dan por el presunto detrimento patrimonial de la Nación por más de $610.000 millones, que se habrían desviado durante la contratación para las obras de modernización de la Refinería de Cartagena.
