Choque de trenes entre Judicatura y Corte Suprema por caso de Luis Alfredo Ramos

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Corte Constitucional revisar la decisión que tomó la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en favor del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. 

Esa decisión ordenó que el magistrado Ariel Augusto Torres, de la Sala de Primera Instancia, se apartara del caso y que se emitiera una nueva ponencia en el proceso contra Ramos, por presunta parapolítica. 

Aunque la Sala de Primera Instancia acató la orden, pidió a la Corte Constitucional revisar esa decisión porque consideran que la Sala Disciplinaria no era competente para fallar. 

“De la sola lectura de la providencia, es evidente la falta de competencia de esa sala para conocer acciones de tutela (...)  y, con mayor razón, contra esta Corte desde 2017 (D. 1983/17), así como la total ausencia de soporte probatorio para separar del caso al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas”, señala la sala en una comunicación. 

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Así mismo, la Sala de Primera Instancia dice que la cuestionada Sala Disciplinaria pasó por alto “dos recusaciones negadas contra el magistrado Torres Rojas, sin fórmula de juicio ni motivación, explicación o razón alguna“.

La decisión de la Sala Disciplinaria se basó en una filtración de la ponencia que proyecta una condena de 19 años y medio de cárcel a Ramos, por concierto para delinquir, en la modalidad de promover grupos armados ilegales.

De igual forma, la Sala de Primera Instancia dice que no hay pruebas que confirman que el magistrado es el responsable de esa filtración a la prensa. 

Esa decisión se tomó con ponencia de la también cuestionada magistrada Julia Emma Garzón, quien puso a disposición del Congreso su puesto porque ya cumplió con el periodo para hacer parte de la Judicatura. 

“Como la dejó claro hace un mes la Corte Constitucional (SU355–20), la situación de interinidad de esa sala del Consejo Superior de la Judicatura –eliminada del ordenamiento jurídico en 2015– “mina la credibilidad de esa institución” y “deslegitima notablemente sus competencias”, añadió la Sala de Primera Instancia en el comunicado. 

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No es la primera vez que se revela el documento de la ponencia contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos. En el 2018, cuando el expediente estaba en el despacho del magistrado Eyder Patiño de la Sala Penal, también se hizo público el documento que proyectaba una condena de nueve años de prisión en su contra.