Confirman condena contra siete soldados por abusar de una menor indígena en Risaralda

En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira confirmó la condena contra siete soldados por su responsabilidad en el abuso sexual a una menor de doce años perteneciente a la comunidad indígena Embera.

En la decisión se señala que los militares fueron plenamente identificados por haber violado a la menor de edad en hechos registrados el 21 de junio de 2020 en el resguardo en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico (Risaralda).

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En la decisión se determinó que no existió ninguna vulneración al debido proceso a los militares –como reclamaban sus defensores- haciendo referencia que los siete uniformados aceptaron su participación en los hechos, reconociendo el delito de acceso carnal abusivo.

Debido a esto se ratificó la condena de 16 años contra los soldados Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil, Deyson Andrés Isaza y de ocho años de cárcel a Luis Fernando Mangareth como cómplice.

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La investigación permitió establecer que los militares adscritos al Batallón de Alta Montaña en Génova (Quindío) y que servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo, con sede en Pereira, retuvieron contra su voluntad a la menor de edad y la violaron.

En el marco de la investigación se conoció la declaración de la menor a la psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La menor relató que cuando se dirigía a su escuela fue retenida por un militar que la tocó y abusó sexualmente. Después llegaron otros que continuaron con el abuso.

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Tras esto, y amenazarla –pues le dijeron que no le contara nada a nadie- la acostaron en un cambuche junto a ellos y la dejaron ir al otro día. Un militar la acompañó hasta su casa y la entregó a sus familiares.

En este caso se tuvo en cuenta el informe de Medicina Legal para confirmar el acceso carnal abusivo y sistemático de los militares a la menor de edad.

Por estos mismos hechos fueron sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación.