Consejo de Estado condenó a la Nación por crimen de Jaime Garzón

 

Para la Sección Tercera del alto tribunal, está comprobado que "el atentado perpetrado el  13 de agosto de 1999 fue producto de una violación sistemática a los derechos humanos  y de una persecución de la que fueron blanco algunos líderes de izquierda".

 

Según el alto tribunal, el exsubdirector de Inteligencia del DAS, José Miguel Narváez, y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, general Jorge Eliécer Plazas Acevedo, no solo adelantaron seguimientos contra el periodista, sino que compartieron la información recolectada con el excomandante de las Autodefensas Carlos Castaño, a quien sugirieron ordenar el homicidio.

 

Según los testimonios aportados al expediente, las labores del comunicador como mediador en algunos casos de secuestro cometidos por las Farc y su intento para propiciar un desescalamiento del conflicto, llevó a ambos agentes estatales a identificarlo como alguien cercano a la guerrilla, que se beneficiaba de esas acciones delictivas que cometía la insurgencia. De ahí que instaran a Carlos Castaño, ex máximo jefe de las AUC,  atentar contra su vida.

 

Las pruebas del proceso analizado por el Consejo de Estado, dan cuenta de que la muerte de Garzón fue ultimada por el entonces máximo jefe del grupo ilegal denominado Autodefensas Unidas de Colombia, al mando de Carlos Castaño Gil, quien ordenó a miembros de la banda criminal denominada 'La Terraza', cometer el crimen.

 

No obstante, es claro para la Sala, de acuerdo con el material probatorio recaudado, en la época y el lugar de los hechos se presentaron actos de la más alta gravedad, en los que miembros de las fuerzas regulares del Estado se aliaron con grupos al margen de la ley como los paramilitares, para coadyuvar con el crimen. 

 

Debido a que el hecho se dio en medio de una serie de conductas violatorias a los derechos humanos,  se concluyó que la ejecución extrajudicial del periodista Jaime Hernando Garzón Forero, es considerado como un crimen de lesa humanidad.

 

De este modo, la Nación deberá reparar a la familia del periodista con una suma aproximada de 900 millones de pesos perjuicios morales, lucro cesante y daño emergente.

 

Además, el Consejo de Estado ordenó al Comandante General del Ejército Nacional, y al Director General de la Policía Nacional, que dentro de los dos meses siguientes, deberán presentar excusas públicas a los familiares a través de un acto solemne.