Corte Constitucional estableció tres condiciones al Gobierno para poder usar glifosato

La Corte Constitucional emitió el auto de la decisión que se tomó el año pasado sobre las condiciones para que el Gobierno retorne a las aspersiones con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.

El alto tribunal advirtió que existen tres condiciones: la primera está encaminada a cumplir con la erradicación manual y voluntaria de cultivos ilícitos tal cual como lo establece el punto cuatro del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc.

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Si ese punto fracasa, el Gobierno deberá acudir a la erradicación forzada que, en otras palabras, la cual deberá ser adelantada por la Fuerza Pública..

La Corte Constitucional precisó y actualizó las condiciones para la reanudación de la aspersión aérea con glifosato. https://t.co/wdSsNppm44

— Corte Constitucional (@CConstitucional) February 27, 2020

Si ninguno de los dos puntos funciona, el Gobierno podrá volver al uso del herbicida siempre y cuando exista un estudio científico y técnico que certifique que el uso del glifosato no va a afectar la salud y el medioambiente.

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Adicional a ello, deberá existir consulta previa con las comunidades aledañas a los cultivos de droga que se quieran erradicar con la aspersión aérea.

En ese sentido, el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá definir la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato “teniendo en cuenta toda la evidencia científica y técnica disponible sobre la minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente, así como las opciones que ofrecen los instrumentos de política pública para la solución al problema de las drogas ilícitas”.

En el auto, la Corte recordó la sentencia que amparó los derechos fundamentales de la comunidad de Novita en el departamento del Chocó, en la que se estableció que sus derechos a la salud y medioambiente sano tenían afectacion, originado tras las aspersiones aéreas para erradicar cultivos de uso ilícito con el herbicida glifosato.

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En esa sentencia, la Corte le ordenó al Gobierno que, de acuerdo con las entidades que definiera el Consejo Nacional de Estupefacientes, adelantara un proceso de consulta con las comunidades étnicas para establecer el grado de afectación que el Programa.