Corte Suprema archivó petición de revocatoria contra magistrada Cristina Lombana

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia archivó una solicitud de revocatoria presentada por la defensa de las senadora Piedad Córdoba, en la que pedían declarar insubsistente a la magistrada de la Sala Especial de Instrucción, Cristina Lombana. 

La petición radicada por la abogada representante aseguraba que Lombana no podía seguir en su cargo en el alto tribunal, pues la togada tiene una pensión de invalidez del Ejército Nacional, pues la magistrada fue juez penal militar, pero los magistrados no aceptaron los argumentos.

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En 2020, la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud en la que los accionantes aseguraba que la magistrada seguía siendo militar cuando se posesionó en su cargo del alto tribunal, alegando por su anterior trabajo como juez penal militar, pero los magistrados consideraron que esa petición era improcedente. 

Cabe recordar que la Sala Especial de Instrucción avanza con la investigación contra Piedad Córdoba por supuestamente haberse beneficiado con las liberaciones de secuestrados de la extinta guerrilla de las Farc. 

Además, el caso también está enfocado en establecer si la senadora habría recibido dinero, por parte del Gobierno de Venezuela, para financiar sus campañas políticas. 

Para este proceso ya se estableció una cita para que Córdoba comparezca ante el alto tribunal que fue fijada para el viernes 28 de julio; sin embargo, la defensa y la señalada aseguraron que no asistirán a la corte. 

Los magistrados deberán estudiar el nuevo documento presentado contra Cristina Lombana para determinar si la petición tiene el suficiente peso argumentativo para prosperar; sin embargo, fuentes de la corte aseguraron que ese diagnóstico hace alusión a las funciones como militar desempeñadas por la magistrada.

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Durante los procesos que avanzan contra Córdoba, la defensa ha alegado en reiteradas ocasiones que no hay pruebas suficientes para determinar que la senadora tuvo vínculos con la extinta guerrilla de las Farc, pues aseguran que su intermediación se realizó con permiso legal.