Corte Suprema citó al ministro de Ambiente, Carlos Correa, por escándalo de corrupción

La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 25 de julio al ministro de Ambiente, Carlos Correa, para continuar con las audiencias preliminares a un juicio en su contra por hechos de corrupción que rodearon la construcción del coliseo Happy Lora en Montería.

El despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas lidera las investigaciones y el proceso en el que ya se acusó al ministro en su calidad de alcalde de Montería por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación a favor de terceros.

Los hechos de investigación sucedieron entre el 2012 y el 2015 cuando Correa se desempeñó como alcalde de Montería. Al parecer “se interesó indebidamente en la suscripción del convenio” para las obras de rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora.

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Las investigaciones dicen que el alcalde desconoció un contrato que ya estaba firmado desde el 2011 con la gobernación de Córdoba y que el nuevo contrato se entregó a dedo al Fondo Mixto para la Promoción social y el Deporte.

“No se adelantó licitación pública, al igual que no se tuvieron en cuenta los estudios previos del convenio que fue suscrito con anterioridad entre los entes territoriales”, dice el documento.

También advierte que Correa sabía que existía un contrato anterior, pero que aun así permitió la ejecución del nuevo contrato con el Fondo Mixto, “sin respetar los diseños probados en el anterior contrato, sin visitas de verificación a los trabajos del Fondo, con demoliciones no autorizadas, y cambios en los diseños del proyecto”.

“Recrimina al acusador haber suscrito el convenio conociendo que el objeto allí previsto no se iba a desarrollar dentro de los plazos, condiciones y fases, por lo que el Coliseo no sería escenario para los juegos deportivos como en efecto sucedió”, dice la acusación.

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La investigación dice que en total se habrían perdido más de $9.349 millones que al parecer se pagaron al Fondo Mixto por las obras que no estaban listas como se reportaba en los informes de interventoría hecha por una empresa contratada por el Fondo y no por la Alcaldía.