Embargan bienes de funcionarios del Inpec por $1.300 millones por corrupción en La Modelo

Un grupo especial de agentes del Gaula de la Policía Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, adelantaron operativos simultáneos y embargaron un total de 19 bienes pertenecientes a funcionarios del Instituto Nacional y Penitenciario (Inpec), señalados de hacer parte de un entramado de corrupción en la cárcel de La Modelo de Bogotá.

Esta investigación fue coordinada por una fiscalía especializada adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

Según las labores judiciales, los bienes que fueron sometidos a medidas cautelares de embargo y secuestro, al parecer fueron adquiridos con recursos obtenidos por posibles actos de corrupción en la cárcel La Modelo de la capital del país.

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De acuerdo con el registro de la Fiscalía especializada a cargo de este caso, estas propiedades fueron valoradas por los peritos técnicos en un valor superior a los 1.300 millones de pesos.

Los bienes ocupados con fines de extinción de dominio son un un lote ubicado en zona rural de Granada (Cundinamarca); dos inmuebles urbanos, 12 vehículos y cuatro establecimientos de comercio en los que funcionaban un restaurante, un spa y dos negocios de venta de llantas y rines en Bogotá.

Según las pruebas recolectadas por los investigadores estos funcionarios, en ejercicio de sus cargos, presuntamente hicieron parte de un entramado de corrupción con con presos y personas externas, como dueños de tiendas localizadas en inmediaciones del centro carcelario, donde se almacenaban elementos prohibidos como estupefacientes, licor, celulares y SIM cards, que posteriormente eran ingresados a cárcel La Modelo.

En desarrollo de las labores de investigación se estableció que a cambio de estas actividades ilícitas, los funcionarios involucrados al parecer, recibieron diferentes sumas de dinero, que presuntamente fueron destinadas para comprar los bienes, entre los años  2020 y 2022. 

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La Fiscalía añadió que, ante las pruebas recolectadas, está acreditado el posible origen ilícito de los millonarios bienes que fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.