Envían a la cárcel a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, por el caso UNGRD

La juez Tercera Penal municipal con función de conocimiento de Bogotá ordenó enviar a prisión a la excondejara presidencial Sandra Ortiz, por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La exfuncionaria del Gobierno Petro es investigada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos, debido a que la Fiscalía aseguró que transportó en su camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) una maleta con 3.000 millones de pesos que habrían sido entregados al expresidente del Senado, Iván Name. 

Una de las pruebas clave de la Fiscalía en contra de la implicada fueron las declaraciones de los interrogatorios de los exdirectivos de la Unidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes aseguraron que Sandra Ortiz organizó reuniones y fue la encargada de entregar los dineros a los congresistas.  

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La Fiscal del caso mostró un video en el cual se ve a Olmedo López y a Sandra Ortiz, el 21 de septiembre del 2023, en las instalaciones de la Casa de Nariño. Según Olmedo López, la exconsejera se le acercó para darle detalles de los desayunos que estaba organizando y para hablar de "cómo iba lo del senador Name".  

Del mismo modo, ese organismo destalló que Olmedo López dijo que el pago que se le habría dado al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, fue organizado por Carlos Ramón González, quien en su momento era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). 

También se tuvieron en cuenta diversas conversaciones vía WhatsApp, videos y los datos de georreferenciación de los implicados en este entramado de corrupción.

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Por otra parte, el penalista Oswaldo Medina, quien defiende a la exconsejera presidencial, afirmó en audiencias preliminares que su representada es inocente y que las pruebas que presentó la Fiscalía carecerían de veracidad. 

Medina aseveró que Sandra Ortiz "ha sido presionada por las autoridades, especialmente por la Fiscalía, y que se le han vulnerado sus derechos".