Escuela de Cadetes General Santander: condenan a 17 años de prisión a implicado en atentado
Además, alias 'Chaco' tiene que pagar una multa superior a los 5.000 millones de pesos.
Un juez especializado condenó a 17 años y 3 meses de prisión a Wilson Arévalo Hernández, alias 'Chaco', además del pago de una multa superior a los 5.000 millones de pesos, al indicar que jugó un papel fundamental en la comisión del atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, que dejó 22 cadetes muertos y varios heridos, el 17 de enero de 2019.
El juzgado acogió las pruebas aportadas por parte de la Fiscalía y encontró responsable a alias 'Chaco' de los delitos de rebelión y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
En la sentencia se advierte que alias 'Chaco' deberá pagar esta condena en un establecimiento carcelario.
Durante el juicio oral, un fiscal especializado demostró que este hombre perteneció al Frente Domingo Laín Sáenz de ELN, frecuentó los campamentos en zona de frontera con Venezuela, llevó víveres y otros elementos, ocultó dineros ilícitos y obtuvo nuevos recursos para sostener las distintas estructuras ilegales en Arauca y Casanare.
Las pruebas permitieron establecer que alias 'Chaco' constituyó la empresa de lácteos Villa Esperanza, la cual sirvió para transformar dineros producto del cobro de extorsiones y secuestros en el oriente del país, para usar las ganancias de la venta de quesos y distintos productos para cubrir económicamente varios actos terroristas del ELN.
También quedó al descubierto que este hombre transportó en los vehículos de su industria láctea a cabecillas del ELN, armas, explosivos, equipos de comunicación y material de intendencia.
"Análisis contables y otras actividades investigativas indicaron que la empresa Villa Esperanza fue creada con un capital de apenas 3’500.000 pesos y con un único empleado, Wilson Arévalo Hernández", dijo la Fiscalía.
Según los investigadores, entre los años 2012 y 2017 recibió 337 consignaciones por 4.530 millones de pesos y dejó de declarar ante el Estado una cifra superiora los 5.000 millones de pesos, que corresponderían a ingresos por actuaciones criminales.