Exasesor de Iván Duque fue suspendido por escándalo de contratos de su esposa

La Procuraduría General de la Nación determinó suspender por un terminó de seis meses al exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Andrés Mauricio Mayorquín Bocanegra, al concluirse que incumplió su deber de informar a sus superiores que Karen Váquiro Cuéllar era su esposa, y por ello, estaba inhabilitada para celebrar contratos con dicha entidad del Estado.

El exfuncionario se desempeño en el Dapre, entre el periodo  de 2019 a 2021, y pese a tener esta misionalidad, permitió la celebración de millonarios contratos de sus esposa con la entidad para la cual él laboraba. 

"El ente de control evidenció que el disciplinado permitió la celebración de dos contratos de prestación de servicios profesionales, el 099/2020 por $ 54’800.000 y el 271/2021 por $44’982.000, suscritos entre el DAPRE y su Karen Liseth Váquiro Cuellar.

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De acuerdo con la Procuraduría, la actuación de Mayorquín Bocanegra afectó sin justificación alguna su deber funcional con el desconocimiento del principio de moralidad.

"El exfuncionario deb​ió poner en conocimiento de sus jefes la inhabilidad existente por haber una relación conyugal entre él y la contratista, sin embargo, mantuvo en silencio su relación matrimonial con Váquiro Cuéllar", indicó la Procuraduría.

De acuerdo con la Procuraduría, Karen Váquiro también guardó silencio frente a sus supervisores y ello permitió que los contratos que estaban viciados de nulidad se pudieran desarrollar y ejecutar.

"A juicio de la Procuraduría, el entonces asesor favoreció con su comportamiento, los intereses económicos de su cónyuge, pues en vez de advertir la inhabilidad en la que ella estaba incursa prefirió guardar silencio para que esta pudiera contratar la prestación de sus servicios profesionales y percibir los honorarios del Dapre", dijo la Procuraduría.

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En el respectivo fallo de primera instancia, calificó la falta cometida por Mayorquín Bocanegra como grave con culpa grave, por desconocer el principio de la moralidad administrativa “hacia la exigencia de un comportamiento honesto, ético, recto y leal, alejado y desprovisto de intereses de carácter subjetivo” para asegurar el ejercicio y la garantía de la función pública.

La Procuraduría añadió que teniendo en cuenta que Andrés Mayorquín no se encuentra desempeñando función pública, la suspensión impuesta se convertirá en salarios básicos mensuales devengados para el momento de la falta que cometió esta falta disciplinaria.