Fiscal ad hoc revivió investigación contra exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez

El fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, ordenó desarchivar la investigación que se adelantó contra las exministras Cecilia Álvarez Correa y Gina Parody por presuntamente beneficiarse directamente del aval para el otrosí de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra dentro del contrato de la Ruta del Sol II.

El 19 de junio de 2018, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez ordenó archivar la investigación al considerar que no existían elementos materiales que permitieran inferir que las exministras hubieran incurrido en un tráfico de influencias y conflicto de intereses.

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Sin embargo, el fiscal ad hoc consideró que se deben revisar los elementos materiales recolectados para continuar con la investigación preliminar. Las dos exministras podrían ser llamadas nuevamente a declarar. 

Álvarez y Parody son investigadas por haber firmado los documentos Conpes 3817 y 3758 (2013-2014) en los Consejos de Ministros que le dieron vía libre a la adición de dicha obra al contrato de la Ruta del Sol II otorgado a la empresa brasileña Odebrecth en el año 2009. 

Sin embargo, la adición de dicha obra habría beneficiado directamente a los familiares de la exministra de Educación quienes tenían negocios con la Sociedad Portuaria de Cartagena y Buenaventura. 

En el Conpes 3817 se declaró la importancia estratégica del corredor Ocaña (Río de Oro – Agua Clara – Gamarra), y las conexiones a los puertos fluviales al norte y al sur de Gamarra.

La Fiscalía busca establecer por qué pese a estos intereses las exministras no se declararon impedidas para participar en ese debate y la posterior firma del documento.

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El documento fue aprobado 2 de octubre de 2014 por Álvarez – Correa en su condición de ministra de Comercio, Industria y Turismo y Parody D'echeona, quien se encontraba al frente de la cartera de Educación. 

En esta misma obra, mediante la resolución 2127 de 22 de julio de 2014, se ordenó la creación de dos peajes en la ruta Ocaña – Gamarra y aumentó la tarifa en las estaciones existentes.

En el caso de Álvarez–Correa se investiga sí existió un beneficio en el contrato que trazó un plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena y definió las acciones complementarias orientadas al desarrollo y fortalecimiento de los servicios de transporte, logístico e intermodal y las inversiones para cuatro puertos, entre ellos el de Gamarra.

Por estos mismos hechos la Procuraduría General les adelantó un juicio disciplinario y en los próximos meses se emitiría una decisión de fondo.