Fiscalía acusó a Camilo Tarquino, expresidente de la Corte

La Fiscalía General acusó formalmente al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino Gallego por su presunta participación y responsabilidad en el denominado escándalo del ‘cartel de la toga’.

El proceso contra el exmagistrado tiene su génesis en un informe enviado por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos) en el que se pone de presente la declaración que hizo el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.

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El exmandatario departamental les aseguró que cuando la Fiscalía General lo vinculó oficialmente con una serie de procesos por casos de corrupción en Córdoba, entre los que se encontraba el ‘cartel de la hemofilia’ y el manejo irregular de regalías, buscó ayuda legal.

En 2014, el exsenador Muriel Benito Revollo (procesado por este caso de corrupción en la Rama Judicial) le recomendó a un familiar de Lyons contactar a Camilo Tarquino, quien después de su salida de la Corte Suprema había montado su oficina de abogados para asesorías legales.

En una primera reunión, el exgobernador le puso de presente la necesidad de mejorar su imagen ante la opinión pública puesto que la apertura de esas investigaciones lo había afectado bastante. Tarquino le pidió 60 millones de pesos como un anticipo para adelantar las gestiones necesarias con el fin de mejorar su imagen.

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Sin embargo, en otro encuentro, el exmagistrado le habría pedido 20 mil millones de pesos para colaborarle con los procesos que cursaban en la Corte Suprema. En esa oportunidad –según Lyons- le dejó entrever que él tenía los contactos dentro del alto tribunal para colaborarle y que se archivaran esas investigaciones.

Tarquino –según la Fiscalía- tendría una alianza con el magistrado de la Sala Penal, Leonidas Bustos y el exmagistrado Francisco José Ricaurte para que estas pesquisas se desviaran y, después de unos meses, se archivaran los casos.

“Usted se asoció con Leonidas Bustos para solicitarle 20 mil millones de pesos a Alejandro Lyons”, reveló el ente investigador. Sin embargo, el exgobernador no aceptó esta oferta, señalando que él lo había buscado para que limpiara su imagen pública y no para cometer acciones ilegales.  

La Fiscalía General aseguró que “abusó de su investidura” para cometer estas acciones. Cuestionó que pese a que tenía conocimiento que estas peticiones de dinero para desviar procesos en el ente investigador y la Corte Suprema iban en contravía de la ley, continuó haciéndolo.

En los próximos días se fijará la fecha para adelantar las audiencias preparatorias de juicio, en la cual se conocerán los testigos y pruebas documentales.