Fiscalía imputa cargos a exgerente de Metroparques y a megacontratista de Quintero

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, y Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de la empresa CYAN Eventos y Logísticas S.A.S., como presuntos responsables de peculado por apropiación, asociación para cometer delitos contra la Administración Pública, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. 

La investigación llevada a cabo por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín revela que entre agosto de 2020 y diciembre de 2022, a través de un primer contrato interadministrativo, el INDER habría transferido más de $24.000 millones a Metroparques, destinados a actividades recreativas y deportivas en las comunas de Medellín. 

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Se constató una falsa motivación en los estudios previos para designar a Metroparques como administrador de los recursos. Posteriormente, mediante una invitación privada a tres contratistas, se seleccionó a la empresa CYAN Eventos y Logísticas S.A.S., encargada de ejecutar el contrato. Este proceder habría infringido los principios de objetividad y transparencia establecidos en la ley 80 de 1993. 

En el marco del contrato inicial, se entregaron a CYAN más de $19.000 millones, y el 4 de noviembre de 2021, se formalizó un segundo contrato interadministrativo por 25.150.000.000 de pesos. De esta suma, CYAN Eventos y Logísticas SAS recibió más de 11 mil millones de pesos, aun cuando el primer contrato no había concluido en el momento de la adjudicación. En total, CYAN Eventos recibió más de $30.000 millones. 

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Según las labores de la policía judicial, la ejecución del primer contrato y sus adiciones generaron un presunto detrimento patrimonial superior a los $3.000 millones. 

Los acusados no aceptaron los cargos imputados. Cabe destacar que el exgerente de Metroparques ya enfrentaba imputaciones por posibles actos de corrupción en la ejecución de un contrato por $5.000 millones destinado al supuesto mantenimiento de las zonas verdes de Medellín.