Fiscalía solicita medidas de protección para testigos contra el general Romero

La Fiscalía General solicitó de manera formal al Tribunal Superior de Bogotá que se otorguen medidas de protección especiales a varios de los testigos que en su momento rindieron declaración juramentada contra el general en retiro, Jorge Romero Pinzón, capturado por corrupción en millonarios contratos de la Cuarta Brigrada del Ejército con sede en Medellín.

Esta petición fue realizada por la Fiscal Tercera Delegada Ante la Corte Suprema, Claudia Vanegas, durante la audiencia en la que se define si se le impone o no medida de aseguramiento al general retirado.

“Personas adscritas a la inspección del ejercito se trasladaron a Medellín y abordaron a dos de los testigos para pedirles informes sobre temas que se trataron en la audiencia. Abordar a los testigos a ellos le generó preocupación”, dijo la fiscal Vanegas.

Le puede interesar: Gobierno insiste en que la JEP expulse a ‘Santrich’, Iván Márquez y ‘El Paisa’

Por su parte, la defensa del general (r) Romero pidió al magistrado del Tribunal abstenerse de enviar a prisión al oficial y por el contrario, que se le permita defenderse en libertad para el juicio en su contra.

Claudia Patricia Erazo, abogada del general retirado, indicó que la Fiscalía no presentó ni una sola prueba contundente que incrimine de manera directa a su defendido en los supuestos hechos de corrupción investigados.

Según la defensa del oficial no existe prueba cierta de una obstrucción a la justicia por parte del general retirado Romero Pinzón, porque por ejemplo, en ninguna de las grabaciones telefónicas que descubrió la Fiscalía aparece el oficial en medio de diálogos que lo incriminen con la comisión de un delito.

La abogada Erazo también aseguró que el general retirado no firmó ninguno de los 26 contratos que están siendo objeto de análisis por parte de las autoridades de policía judicial.

Lea más: "Agente externo" habría cortado soga que sostenía a militares que cayeron de helicóptero

La defensa del oficial indicó que el general no tiene intención obstruir la justicia y por el contrario ha prestado durante más de 33 años de servicio en el Ejército ha combatido la delincuencia y no tiene intención de evadir la administración de justicia.

Pruebas de la Fiscalía 

La fiscal tercera delegada ante la Corte, aseguró ante el Tribunal Superior de Bogotá que el valor de los contratos comprometidos en este escándalo superan los 3.296 millones de pesos y estaban relacionados con diferentes fines  para atender necesidades de la brigada.

De acuerdo con la Fiscalía en desarrollo de las labores de investigación se practicaron más de 60 mil interceptaciones telefónicas de las cuales se depuraron un total de 300 grabaciones consideradas como relevantes para este proceso penal.

La Fiscal del caso aseguró que las diferentes pruebas documentales, testimoniales y técnicas evidenciaron que este oficial en retiro continúa  manteniendo poder de mando sobre varios de los miembros de la brigada y por ello, representa un peligro para la comunidad, podría obstruir la justicia, destruir los elementos de prueba e influenciar a los testigos.

La Fiscalía hizo relación a Samir Fernando García, Jaime Alberto Ramírez y Gerly Cabrera como los tres contratistas con los cuales el general Romero habría llevado a cabo las actividades contractuales irregulares detectadas hasta este momento.

De acuerdo con uno de los testigos en algunos de los casos detectados el contratista implicado prestaba la plata antes de la adjudicación de los millonarios contratos.

Este practica delincuencial fue evidenciada con contratos que ganó la empresa de  Samir Fernando García y Ana Lucía Posada - ambos capturados - quienes además de quedarse con contratos para el suministro de alimentos  no entregaban todos los elementos contratados.

Lea también: General Jorge Romero no aceptó cargos por presunta corrupción en la Cuarta Brigada

La Fiscalía General también señaló que no se descarta la posibilidad de vincular  a la investigación  a otros oficiales de alto rango tras aparecer mencionados por varios testigos en torno a estos hechos de corrupción. 

"El actual comandante de la Cuarta Brigada, el brigadier general Juvenal Díaz Mateus era un subalterno jerárquico del general Romero entre los días 15 y 16 de febrero de 2019. El general Diaz Mateus le ordenó al teniente coronel Jesús Armando del Río Aguirre, actual comandante del del Batallón de Servicios Número Cuatro que le entregara al ayudante del general Romero copia de todos los soportes de la información que obtuvo la policía judicial en esta investigación ", dijo la Fiscal. 

En una de las interceptaciones logradas por la Fiscalía, dialogan dos de los presuntos implicados con esta organización se evidencia la manera en eran repartidos los dineros apropiados de cada uno de los millonarios contratos.

En una segunda grabación,  la Fiscalía evidenció la molestia que supuestamente existía por parte de otros uniformados que se vieron  favorecidos por la red de corrupción del  general retirado Romero Pinzón, quienes cuestionaban a aquellos militares que dejaron solo al oficial tras verse inmerso en este escándalo.

Una vez el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá asignado al proceso escuche los argumentos  de la defensa y la Procuradauría resolverá si cobija o no con medida de aseguramiento al general retirado Romero Pinzón.