Implicados en corrupción en la Rama Judicial quedaron en libertad

Tras resolver una orden de la Corte Suprema de Justicia, un juez de control de garantías ordenó la libertad inmediata del exidirector ejecutivo del Consejo Superior de la Judicatura e Bogotá y Cundinamarca, Carlos Enrique Masmela y otras tres personas procesadas por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en los parqueaderos que eran administrados por la Rama Judicial

El juez determinó que la medida de aseguramiento privativa de la libertad no era necesaria, hecho por el cual ordenó levantar la restricción que existía desde marzo del presente año en contra del exfuncionario de la Rama. Debido a esto Masmela se defenderá en libertad en este proceso penal.

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En agosto pasado la Fiscalía General radicó el escrito de acusación contra el exdirector ejecutivo del Consejo Superior de la Judicatura al señalar que utilizaba su cargo para vender de manera irregular los bienes que eran embargados por los jueces de la República.

Los bienes "apetecidos" por esta red eran los vehículos, principalmente los automóviles, que eran embargados en diferentes procesos penales. El ente investigador indica que Masmela y los otros funcionarios hacían exigencias de dinero para regresar estos carros que eran trasladados a los seis parqueaderos. 

Igualmente se realizaban procesos de embargo sin al existencia de una orden judicial. En el escrito de acusación, al que tuvo acceso en algunos apartes LA FM, se citan interceptaciones telefónicas y documentos.

En la acusación se indica que los integrantes de "esta red" ordenaban el con órdenes judiciales falsas. Cuando se realizaba todo el procedimiento, los dueños eran obligados a pagar una millonaria suma de dinero con el fin de regresarles los autos.

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En otros casos –señala la Fiscalía General- los carros eran embargados por la policía, pero no se realizaba ningún registro del mismo. Cuando los propietarios iban a reclamarlos los vehículos no aparecían en ninguno de los parqueaderos.  

El origen de la investigación fue una denuncia presentada por un joven cuyo automóvil le fue incautado en un operativo que él consideró completamente ilegal y atípico. Al acercarse al parqueadero se le indicó que debía pagar una suma de dinero para poder retirarlo.

Igualmente, existe la denuncia de un señor cuya camioneta le fue embargada. Sin embargo, después de un extenso trámite para recuperarlo pudo comprobar que su vehículo que estaba prácticamente nuevo estaba siendo vendido por un valor mucho menor al que aparecía en revistas especializadas.

En 2004, la Rama Judicial expidió el Acuerdo 2586 por medio del cual se le delegó a las Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial la facultad de organizar anualmente una convocatoria púbica para que los propietarios de los parqueaderos se postularan para custodiar vehículos inmovilizados por orden judicial.

Sin embargo, entre los años 2014 y 2018 se habrían presentado graves irregularidades en el cumplimiento de este acuerdo puesto que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá-Cundinamarca habría emitido resoluciones que contrariaban la norma, favoreciendo sociedades que no acreditaban los requisitos exigidos.