Internos de La Picota resultaron estafados con planes estudiantiles

La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra tres empleados de la Corporación Universitaria Ideas, por presuntamente estafar a varios internos de la Penitenciaria de la Picota en el sur de Bogotá, con falsos programas de Derecho.

Según las investigaciones, los involucrados supuestamente adelantaron los trámites pertinentes para ofrecer y dictar clases a internos de ese centro penitenciario, sin tener los permisos requeridos. 

De acuerdo con los peritos de la Fiscalía General, después de cinco años de estudios los internos que participaron de los supuestos programas educativos perdieron su dinero.

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La investigación esta siendo coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción quien analiza la presunta comisión en delitos como fraude procesal y falsedad en documento y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Cabe mencionar que por estos hechos fueron procesados Alejandro Cuervo Carvajal (revisor fiscal, contador y gerente administrativo y financiero), Ana Cristina Pedraza (rectora), Catalina Tapias Pedraza (presidenta Consejo Universitario).

La Fiscalía a cargo del proceso indicó que los hechos están relacionados con las irregularidades que se habrían presentado al permitir que se desarrollara el programa de Derecho en la penitenciaria La Picota de Bogotá, en ejecución del convenio 074 del 28 de mayo 2011, suscrito entre la Corporación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), sin contar con la autorización del Ministerio de Educación Nacional.

"Durante los años 2011 a 2013, el Ministerio de Educación no otorgó permisos a la Corporación IDEAS para dictar la clase del citado programa fuera de sus instalaciones y aún así las realizaron en La Picota. Tampoco se podía realizar un convenio institucional como se firmó", indicó la Fiscalía.

Los investigadores establecieron que un  total de 17 reclusos pagaron por la carrera y asistieron a las diferentes clases, pero cada uno perdió en promedio entre 30 y 35 millones de pesos, porque debido a esas irregularidades y a pesar de haberse graduado, el Consejo Superior de la Judicatura negó las tarjetas profesionales por no cumplir los requisitos legales.