JEP ordenó materializar amnistía administrativa para la exguerrillera holandesa Tanja Anne Marie Nijmeijer

La Justicia Especial para la Paz, JEP reveló que dicho benefició  jurídico para  Tanja Anne Marie  Nijmeijer, fue otorgado el 27 de julio de 2018 por decreto del gobierno nacional del entonces presidente Juan Manuel Santos y cubre  delitos políticos. 

La Sala de Amnistía o Indulto, SAI, determinó que la amnistía administrativa se ajusta al derecho, en tanto que la compareciente cumple con los criterios normativos para la procedencia de la misma. 

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"Es necesario pronunciarse nuevamente sobre la concesión de esta amnistía, más allá de comunicarla a las autoridades judiciales a cargo de los procesos para que procedan con su materialización. Es decir, que eliminen los procesos por los que recibió este beneficio y actualicen sus antecedentes judiciales", explicó la JEP.  

Igualmente solicitó a la  Fiscalía verificar la vinculación de esta mujer  en acciones perpetrados por las Farc-EP contra torres de energía en el departamento de Antioquia, entre los años 2005 y 2007.  

La Sala también solicitó al ente investigador que de contar dicha entidad con elementos nuevos que vinculen a Nijmeijer con estos hechos, sean puestos en conocimiento de la JEP para su estudio correspondiente. 

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El 24 de agosto de 2022, Tanja Nijmeijer compareció ante la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP en una diligencia de aporte a la verdad.  

La SAI  había ordenado materializar los efectos de los beneficios jurídicos de los firmantes de paz que fueron amnistiados o indultados por el Estado colombiano entre junio de 2017 y julio de 2018, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, y garantizar su reincorporación de manera eficaz.

Finalmente, la JEP reveló que a pesar de recibir la amnistía, los beneficios no se concretaron, la Sala entregó un listado de los firmantes amnistiados o indultados con el fin de que la Policía Nacional, la Interpol, la Dijín y la Registraduría Nacional realicen las anotaciones en sus respectivos sistemas de información para que se inactiven o eliminen los registros de las órdenes de captura.