José Miguel Narváez pide pista en la JEP

La defensa del exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez presentó solicitud formal ante el Tribunal Superior de Bogotá para que el proceso en su contra por el crimen de Jaime Garzón sea trasladado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con la petición, buscan que sea analizada la condena que le impuso la Sala Penal del mismo tribunal, de 26 años y tres meses de prisión, como determinador del homicidio del periodista y humorista.

Uno de los argumentos que presentó la defensa radica en que el asesinato de Garzón ocurrió en el marco del conflicto armado interno y, por ello, debe ser juzgado directamente por la JEP.

También se menciona que Narváez no perteneció a ningún grupo armado ilegal y que esto lo constituye como un agente del Estado. Además, aseguran que tiene la voluntad de contar la verdad sobre lo ocurrido hace veinte años.

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Uno de los beneficios de ser aceptado en la justicia transicional sería obtener la libertad condicional, pero antes deberá comprometerse a decir la verdad para reparar a las víctimas, en este caso a la familia de Jaime Garzón.

El exjefe paramilitar alias ‘El Iguano’ aseguró que el exsubdirector del DAS se había reunido varias veces con Carlos Castaño, entre los años 1996 y 2001. A partir de esas declaraciones, se inició el proceso por su participación en la planificación del crimen de Garzón.

RCN Radio conoció que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá definirán si Narváez cumple con los requisitos exigidos para someterse voluntariamente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Se le considera 'agente del Estado' al exsubdirector del DAS por haber contribuido en la comisión de conductas relacionadas con el conflicto armado mientras estaba ejerciendo como miembro de corporaciones públicas, como empleados o trabajadores del Estado, como lo fue el Departamento Administrativo de Seguridad.

Otros procesos que se adelantan en su contra, como el homicidio del excongresista Manuel Cepeda, las interceptaciones ilegales de las que fue víctima la exsenadora Piedad Córdoba y las intimidaciones y la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque podrían pasar también a la JEP.

El crimen 

Castaño Gil contactó a la banda delincuencial de La Terraza de Medellín para que adelantaran los respectivos seguimientos al humorista político en la ciudad de Bogotá. En la investigación se pudo evidenciar que personal del B-2 del Ejército Nacional le entregó datos sobre los movimientos de Garzón.  

Los sicarios -según la Fiscalía General- estuvieron una semana en la capital de la República analizando la información entregada por los militares. Personal de la Brigada XIII del Ejército los acompañaron en los recorridos de las "rutas" del periodista. 

En la mañana del 13 de agosto de 1999, dos sicarios interceptaron en el sector de Corferias la camioneta en la que se movilizaba el periodista. Le dispararon en tres oportunidades y acabaron de manera inmediata con su vida. 

Cuatro meses después, la Fiscalía y el DAS anunciaron la captura de Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias ‘Bochas’ y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias ‘Toño’. 

Para su identificación se tuvo en cuenta el testimonio de María Amparo Arroyave Montoya, quien aseguró que desde la ventana de su apartamento, ubicado en el Barrio Quinta Paredes, pudo observar con detalle a los dos sicarios cuando huían tras cometer el crimen. 

Arroyave le entregó al DAS un retrato hablado de los dos atacantes. Reseñó los rasgos faciales, las cicatrices, la estatura de los dos e, incluso, el tipo y color de botas de los dos hombres.   

Sin embargo, el 10 de marzo de 2004 el juzgado séptimo especializado de Bogotá absolvió a los dos procesados al considerar que no se allegaron pruebas suficientes para inferir su participación en los hechos. En la decisión judicial se condenó a 38 años de prisión al comandante paramilitar, Carlos Castaño Gil como autor intelectual del crimen. 

En la misma decisión se compulsaron copias a la Fiscalía General por lo que se consideró una falsedad en testimonio por parte de los mismos declarantes, puesto que quedó en evidencia que había faltado a la verdad. Para el despacho judicial se intentó desviar la investigación desde el DAS y la Fiscalía.