Jueza de Bogotá que dejó libres a primeros voceros de paz fue citada por la Fiscalía

Ante la Fiscalía General deberá responder en interrogatorio la jueza coordinadora Lilyan Jhohana Bastidas, dentro de la investigación que se sigue por las denuncias sobre presuntas irregularidades en la decisión que adoptó a la hora de dejar en libertad a los primeros jóvenes bajo la figura de 'voceros de paz'.

El anunció fue realizado por el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien indicó que esta citación fue programada para la próxima semana y que a dicha diligencia la juez Bastidas tendrá que acudir en compañía de un abogado. 

Esta investigación se originó de una solicitud elevada por parte de la Procuraduría General de la Nación que expresó su malestar e indicó que se registraron graves inconsistencias, porque la juez no convocó a una audiencia pública que contara con la participación de delegados de ese organismo para revisar la legalidad de otorgarle la libertad a estos dos jóvenes.   

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“El objetivo es que en el marco del debido proceso le explique a la Fiscalía General de la Nación, las razones jurídicas por medio de las cuales no asignó cuando recibió una solicitud de suspensión de ordenes de captura, esto a un juez de control de garantías”, dijo el fiscal.

Asimismo, sostuvo que “para que fuera el juez de control de garantías en el marco de la convocatoria de las partes. Ante cualquier decisión es necesario en nuestro sistema la participación de víctimas, del ministerio público de ese tipo de decisiones, porque tomó la decisión de forma directa y no se convocó a estas personas, ni tampoco asignó a un juez de control de garantías”.

Según el fiscal Barbosa, la juez Bastidas tendrá que explicar por qué en un caso posterior sí tomó la decisión de convocar a la respectiva audiencia de control de garantías.        

"Ustedes entenderán que esas salidas de lo que se ha denominado Primera Línea (…) nosotros no capturamos gente de primera, segunda o tercera línea, capturamos gente que delinquía y los fiscales lo que hacían era imputar, solicitar medida de aseguramiento y los jueces otorgar esas medidas de aseguramiento” dijo.

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Enfatizó el fiscal que “lo importante es que cualquier salida de esas personas tiene que darse analizando los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento”.