Las pruebas que pedirá la Corte Constitucional para resolver demanda contra ley de financiamiento

A partir del próximo 14 de octubre, la Corte Constitucional retomará las discusiones sobre la ley de financiamiento. Los magistrados decidieron posponer la decisión porque no unificaron las 21 demandas que existen y porque el magistrado Alejandro Linares (ponente del primer proyecto), solicitará una serie de pruebas para ahondar en el análisis del caso. 

Las pruebas que solicitará el magistrado se relacionan con el impacto fiscal que podría ocasionar el articulado, si entra a regir tal cual como está. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá exponer a fondo los efectos que tendrá para el país la reciente ley en el corto, mediano y largo plazo.

Por otro lado, el sector bancario también tendría que exponer sus preocupaciones, teniendo en cuenta la sobretasa del 4% que se les está cobrando en ese articulado. 

Puede leer: Corte empieza a discutir demanda contra la ley de financiamiento

La discusión no está nada fácil ya que lo que decida la Corte será fundamental para el futuro de la economía del país en los próximos años. De hecho, el procurador general, Fernando Carrillo, lanzó un salvavidas a la ley (tras las recientes críticas), señalando que no hubo vicios de trámite en su paso por el Congreso. 

Contrario a lo que han dicho varios demandantes de la ley como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien cuestionó la aprobación del articulado a ‘pupitrazo' en la Cámara y aseguró que el Senado no había publicado en la gaceta el texto final de la norma. 

Lea también: Corte tumbaría suspensión de licencia por 25 años a conductores de Uber

Sin embargo, ese podría ser un punto menor en el debate. RCN Radio conoció que la ponencia del magistrado Alejando Linares plantea tumbar parte del articulado, porque según algunos expertos, el recaudo iría de forma descendente en los próximos años (en parte por la rebaja a los impuesto que pagan las empresas). 

El magistrado Linares tendrá que analizar la situación ‘macro’ del país en materia económica, por su especialización en finanzas que se suma a su alta experiencia en derecho privado y en reformas al régimen de inversión, luego de haber participado de la reforma a la inversión extranjera en el gobierno de César Gaviria en 1991.