¿Los pantallazos de WhatsApp sirven como pruebas dentro de un proceso judicial?
La ley establece que todo documento electrónico puede ser utilizado dentro de un proceso judicial por parte del accionante.
Hoy en día la tecnología se ha convertido en un elemento fundamental para nuestro día a día. Las aplicaciones y los dispositivos móviles son grandes aliados al momento de ejecutar nuestras tareas, aunque existe una duda y es, si estos también pueden servir dentro de un proceso judicial.
En primer lugar, la Ley 527 de 1999 reglamenta que el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Igualmente, establece que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información.
Esto quiere decir que material digital como chats, correos electrónicos, mensajes de texto o notas de voz podrán usarse como evidencia legal cuando se necesite, por ejemplo, probar una acusación.
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Ahora bien, los pantallazos de WhatsApp no constituyen como tal una prueba electrónica, ya que deben estar almacenados en un soporte electrónico que pueda ser tratado e identificado digitalmente.
Igualmente, todo documento presentado por alguna de las partes debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 244 del Código General del Proceso para constatar de que el documento es auténtico.
En el caso de los pantallazos de chats, estos pueden ser modificados o alterados por medio de diferentes programas y aplicaciones; por lo que, en este caso, el perito del caso deberá corroborar si dicha prueba es realmente verídica para que se pueda presentar como evidencia dentro del proceso.
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Por otra parte, el Código General del Proceso señala que toda evidencia aportada por las partes será auténtica siempre y cuando exista certeza sobre la persona que lo elaboró y firmó o sobre a quién se le atribuya dicho documento.
En ese orden de ideas, los pantallazos de WhatsApp se pueden presentar como una evidencia durante el proceso judicial. Sin embargo, la parte que lo presente debe asegurarse que el documento sea verídico para que el juez lo considere dentro del proceso legal que se lleva a cabo.