Luis Javier Rojas, condenado por llevar $416 millones en carro del Congreso
Fue sentenciado por los delitos de lavado de activos y cohecho por dar y ofrecer.
Un juez especializado de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en contra de Luis Javier Rojas Morera por su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer (pago de sobornos).
El nombre de Rojas Morera se hizo conocido cuando fue detenido en un retén del Ejército Nacional transportando en un carro adscrito al Congreso de la República 614 millones de pesos en efectivo. Cuando fue interrogado por el origen y destino de esa suma de dinero, el joven intentó sobornar a los militares.
El capitán del Ejército, Hugo Germán Quintero aseguró en el juicio que al ser detenido el joven les ofreció a los militares 50 millones de pesos, cuando vio que el carro iba a ser inmovilizado y él judicializado aumentó la cifra a $100 millones.
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Esta declaración fue clave para evidenciar que el joven, quien es hijo de la exsecretaria financiera del Senado de la República, intentó pagar un soborno para evitar el control de las autoridades y poder seguir su camino. El juez del caso, pese a la petición de la defensa del acusado, le dio total validez a este testimonio.
En la lectura del fallo se manifestó que durante el juicio el procesado nunca pudo justificar el origen de este dinero, el objetivo que tenía ni el uso que se le iba a dar. La versión del empresario Juan Martin Lozano Sánchez, quien aseguró que él le había entregado el dinero directamente al joven por la relación de amistad que tenían, no convenció al funcionario judicial.
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En su argumentación sostuvo que no se aclararon las dudas sobre el origen de este dinero, reseñando que nunca se pudo justificar su destino ni la legalidad del mismo. En este sentido cuestionó además que el testigo apareciera muchos años después para reclamar el dinero.
El juez determinó que no se encontraron evidencias para inferir la participación del procesado en el delito de enriquecimiento ilícito, puesto que el dinero fue incautado inmediatamente por las autoridades y se realizó el trámite correspondiente.
El monto de la condena se conocerá el próximo 4 de septiembre. La defensa del acusado anunció que presentará recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá sosteniendo que no se evaluaron las pruebas. Por el momento el procesado seguirá en libertad.