Magistrado que investiga a Uribe cuestiona versión sobre micrófono en su despacho

El magistrado César Reyes, quien adelanta las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, no cree que el micrófono encontrado en su despacho haya sido utilizado para videoconferencias, por parte de la empresa que operaba anteriormente el edificio de la calle 72 en Bogotá. 

Esa es la versión que entregó el director Ejecutivo de la Administración Judicial, Mauricio Cuesta, quien aseguró que la respuesta la recibió un día después del hallazgo, por la gerente de la Organización Santa María SAS, que le tenía arrendado a Compensar, dicha oficiana.

En conversación con LA FM, el magistrado se sorprendió al saber que esa respuesta fue entregada, en menos de 48 horas, a la Rama Judicial. Sin embargo, dijo que no se puede descartar la posibilidad de que el aparato hubiera permanecido ahí desde antes de la entrada en funcionamiento de la sala de primera instancia. 

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El micrófono se encontró sobre el escritorio del magistrado, lo que da a entender que facilitaba la grabación de las conversaciones con los visitantes. 

El cableado del aparato daba a una esquina de la oficina por medio de una caja metálica desocupada, en la cual al parecer se ubicaba el aparato receptor de audio.

De esa misma caja se desprendía otro cable que se dirigía a la oficina de una de las auxiliares del magistrado, donde se halló otro micrófono.

Las pruebas de los hechos se encuentran en custodia de la Policía judicial de la Corte Suprema, que adelanta las investigaciones. Esas pruebas no han sido entregadas a la Fiscalía. 

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En junio de 2019, la empresa de telefonía a la cual Reyes está inscrito, le alertó sobre que podría ser víctima de robo de información en su casa,  ya que se estaban robando constantemente la clave del wifi de su vivienda. La denuncia fue instaurada en la Fiscalía, sin mayores resultados hasta el momento. 

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema se reunirá para determinar las acciones a seguir. Incluso, se quiere establecer si el allanamiento al Batallón del Ejército de Facatativa, el 18 de diciembre, se desprendió de un anónimo que recibió el Alto Tribunal sobre posibles interceptaciones ilegales a los magistrados o de una investigación aislada a los hechos que adelanta la magistrada Cristina Lombana.