Masacre en Buga: Judicializan a responsables de la muerte de cinco jóvenes

Después de más de un año de la masacre de cinco jóvenes, en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, a 30 minutos de Buga en el departamento del Valle del Cauca, la Fiscalía General de la Nación logró esclarecer los hechos.

De acuerdo con el ente investigador, la madrugada del 24 de enero del año 2021, Diego Fernando Rivas Zuleta, alias ‘Simón’ y Jhon Jaime Ramírez, alias ‘JJ’, ingresaron de manera clandestina al predio, y portando armas de fuego, pusieron en estado de indefensión a los jóvenes, entre ellos, dos menores de edad.

El material probatorio permitió conocer que los victimarios, llegaron al área de la piscina y jacuzzi donde departían los jóvenes y, después de intimidarlos con armas de fuego, procedieron a dispararles en repetidas ocasiones, ocasionando la muerte de cinco de ellos y dejando dos más heridos.

De acuerdo con la Delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando Guerrero, los procesados habían hecho parte del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc.

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“El material de prueba recaudado, evidenció que los procesados habían hecho parte de las disidencias Adán Izquierdo y habían participado de la muerte de cinco personas, y dejando dos más herido”, aseguró la delegada.

La Fiscalía General de la Nación imputó a los hombres por presuntos delitos de homicidio agravado en concurso con tentativa de homicidio agravada; fabricación, tenencia o porte de armas de fuego o municiones agravadas.

Cabe resaltar que la delegada para la Seguridad Territorial hizo hincapié en que los dos hombres deberán continuar privados de la libertad, en los respectivos centros carcelario, donde están recluidos como responsables de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

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Cabe destacar que el día de la masacre, la Policía Nacional fue informada una hora después de lo ocurrido y, debido a la gravedad de los hechos, este caso fue priorizado por el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.