Patrullero condenado por crimen de Diego Felipe Becerra continúa prófugo 

Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe Becerra Lizarazo, aseguró que el patrullero de la Policía, Wilmer Antonio Alarcón, condenado a 36 años de prisión por el crimen del joven grafitero, sigue siendo un prófugo de la justicia.  

En diálogo con RCN Radio, Trejo indició que pese a que las autoridades aseguraron que existe una circular roja emitida por la Interpol para ubicar y capturar a Alarcón está, al parecer, no tiene efecto.    

“La Policía, para dar respuesta a la solicitud que nosotros enviamos, nos dijeron que existía una circular de Interpol, la cual aparentemente no fue activada porque uno entra a la página de la Interpol y no aparece la circular roja por ningún lado”, aseguró. 

El 16 de agosto de 2016, el patrullero Alarcón fue dejado en libertad por un presunto vencimiento de términos. Dos días después fue sentenciado por un juez de conocimiento a 36 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado. 

En el fallo judicial se indicó que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón le disparó -sin justa causa- al menor de 16 años tras una requisa la noche del 19 de agosto de 2011 en la Avenida Boyacá con calle 116, en el norte de Bogotá. 

Trejos considera que existían muchos intereses para que Alarcón no estuviera privado de la libertad porque “si él llega a colaborar con la justicia o llega a hablar, vincula a dos generales de la República en la alteración de la escena del crimen para ocultar el asesinato de Diego Felipe”. 

El patrullero  -quien fue destituido por estos hechos- enfrenta un proceso por la presunta ubicación de un arma de fuego en el lugar de los hechos para desviar la investigación y presentar a Becerra como un delincuente.  

Debido a esto es procesado por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado, ocultamiento, destrucción y alteración de material probatorio, y porte ilegal de armas de fuego. 

Sin embargo, este proceso se encuentra desde hace dos años en etapa preparatoria. Los familiares denuncian que se ha presentado una dilación por parte de los abogados de los uniformados y los civiles.