Piden extinción de dominio de acciones de los Nule por $465.000 millones

Agentes especializados de la Fiscalía General de la Nación solicitaron de manera formal ante los jueces especializados que se declare la extinción del derecho de dominio sobre las millonarias acciones que tenían los hermanos Miguel Eduardo y Manuel Francisco Nule Velilla; y su primo Guido Alberto Nule Marino en la sociedad Capital Energy.

De acuerdo con los investigadores de Policía judicial, el capital accionario en este caso equivalía al 66,66 por ciento.

Según las pruebas técnicas y testimoniales recolectadas por los investigadores, Capital Energy fue creada para adquirir acciones en Enertolima y Enerpereira.

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Los fiscales a cargo del procesos hicieron una valoración de los elementos de pruebas y evidencias recepcionadas y descubrieron que estas inversiones en el sector energético fueron pagadas, en su mayoría, con dineros que el entonces Grupo Nule obtuvo de manera ilegal en el marco de las actividades emprendidas dentro del escándalo del denominado ‘Carrusel de la Contratación en Bogotá’.

En torno a este escándalo de corrupción en materia de contratación Miguel, Manuel y Guido Nule fueron declarados responsables por parte de los jueces de la República quienes emitieron varias sentencias condenatorias en su contra por la gravedad de los hechos.

La Fiscalía añadió que en el transcurso del proceso de administración de estas acciones por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en mayo de 2019 se realizó la venta anticipada cuantificada de las acciones por un valor superior a los 465.000 millones de pesos.

De otra parte, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá ratificaron la condena de 10 años de prisión impuesta a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo Gaona, por el escándalo de corrupción denominado el ‘Carrusel de Contratos'.

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En la sentencia, el Tribunal también le impuso a la prófuga exfuncionaria una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa superior a los 109 salarios mínimos mensuales legales vigentes en atención a los hechos investigados.