Por integrar redes de apoyo de disidencias de Farc, capturan varios servidores públicos

Los fiscales lograron recaudar abundantes pruebas técnicas y testimoniales  que evidenciaron como varios de los detenidos se valieron de sus  roles en cargos públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal.

De acuerdo con los investigadores , los funcionarios públicos  también otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado.

Igualmente, se detectó que los servidores públicos capturados habrían alertado en varias oportunidades  a los cabecillas de la r4edes criminales sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.

Las capturas se hicieron efectivas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá.

En desarrollo  de los operativos también fueron incautados documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

La Fiscalía señaló que entre los detenidos se encuentra un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales,  un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección con amenazas falsas.

Entre las personas capturadas hay una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

La juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), impuso medida de aseguramiento a los procesados y ordenó su envió a la cárcel.

"No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia. Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, agregó el fiscal general, Francisco Barbosa.