Por ley de Gobierno Petro, madre condenada por delitos menores recupera la libertad

Por primera vez, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué concedió a una mujer la libertad bajo la Ley de Utilidad Pública, tras valorar la conducta y comportamiento de la privada de la libertad y a cambio ella asumió diversos compromisos sociales.

La aprobación de la ley estatutaria busca que mujeres madres cabeza de familia condenadas puedan sustituir su pena a cambio de realizar actividades educativas, restauración ambiental, recuperación del espacio público, apoyo al transporte masivo y ayuda a poblaciones vulnerables.

En este caso, el juez ordenó que la condena de la mujer sea sustituido a través de un plan de trabajo comunitario de 18 horas semanales entre semana, en el cual, desempeñará labores de apoyo a proyectos comunitarios de desarrollo social en huertas comunitarias, así como en temas de conservación ambiental.

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"La reciente decisión del juez de Ibagué muestra la vigencia de las medidas restaurativas en el país de una forma inédita, la viabilidad de poder dar a las mujeres y a los hogares una forma de reconstitución y de generación del tejido social. También, demuestra la capacidad de la cultura jurídica colombiana de poder repensar unas formas de sanción que permitan a la sociedad recuperar, así sea en una forma de reparación simbólica, mucho de los daños causados por el delito", explicó el viceministro de política criminal, Camilo Umaña.

Cabe mencionar que la Ley de Utilidad Pública fue firmada por el presidente de la República el 8 de marzo del 2023. Teniendo en cuenta que las beneficiarias serán aquellas que cometieron delitos menores en situación de marginalidad o pobreza, que sean cabeza de hogar y que puedan ejecutar un servicio comunitario.

"En otras palabras, las mujeres en vez de estar privadas de la libertad, desarraigadas, van a estar dando unos servicios comunitarios en beneficio de la sociedad para responder de una forma restaurativa por el delito que han cometido", dijo Umaña.

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En este primer caso, la condenada deberá comparecer personalmente a la autoridad judicial, permitir visitas de servidores públicos del Inpec y abstenerse de participar en actos delincuenciales, demostrando buena conducta. 

"En caso de acceder al servicio de utilidad pública, oficiar a la Confraternidad Carcelaria de Colombia, para que mensualmente, allegue el formato de informe de prestación de servicios de utilidad pública de la sentenciada. El informe deberá ser acompañado de los registros que acrediten el cumplimiento de la actividad del plan de servicio y con la indicación de fechas y horarios", fue la orden del juez.