Por presunta compra de votos para Aida Merlano, Fiscalía alista imputación de cargos

El próximo 30 de julio, la Fiscalía General imputará cargos contra políticos que estarían involucrados en el caso de compra de votos para las pasadas elecciones parlamentarias, liderado por la representante a la Cámara y senadora electa, Aida Merlano.

Dentro de estos políticos se encuentran la excandidata a la Cámara Lilibeth Llinás, el diputado Jorge Rangel, la diputada Margarita Balén, el concejal Aissar Castro Bravo, el exconcejal Aissar Castro Reyes y el exconcejal Vicente Cámara.  

La investigación de este caso denominado ‘Casa Blanca’ salió a la luz luego de que autoridades realizaran un allanamiento el pasado 11 de marzo, en el cual encontraron más de $200 millones de pesos, que iban a ser utilizados para el pago a personas que votaron a favor de Merlano. 

En el lugar también fueron halladas algunas armas y material didáctico electoral, códigos bidimensionales, certificados electorales, transportes, adelantos de pagos, además de financiación pública y privada.

A raíz de este escándalo, el Gobierno inició una minuciosa investigación en donde resultaron privados de la libertad cinco personas tras el allanamiento, dentro de los que  se encuentran, Vanessa Merlano, hermana de la Senadora.

Más imputaciones

Luego de que se conocieran los nombres de nuevos implicados en este caso de corrupción electoral, se supo que el próximo 30 de julio se llevará a cabo en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, en concurso homogéneo y sucesivo y tráfico de votos.

Las autoridades aseguran que tras los hallazgos del caso ‘Casa Blanca’, se podrá dar inicio a la Fase 3, en donde esperan conocer más nombres de figuras públicas quienes también harían parte de esa red de corrupción. 

La reseña de la Fiscalía

Se descubrió una red de compra de votos para favorecer  a la candidata Aida Merlano, en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico.  
 
Gracias al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados, se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas. Las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República. Audios obtenidos en el proceso dan cuenta que sus gestores manifestaban que para la próxima campaña irían a estar mejor porque iban a trabajar con un nuevo “sistema”.  

 
2. La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas. 
 
Casa Blanca en el 2018 
 
Para las elecciones de Congreso en el 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano. Las pruebas muestran que Casa Blanca también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida.  
 
La organización delictiva, organizada como “Personal de trabajo para el debate”, tenía roles diferenciados, así: 
 
• Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros. 
 
• Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras. 
 
• Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes. 
 
• Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo. 
 
• Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales 
 
Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban  huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta. 
 
Para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores. 

3. Según las entrevistas practicadas y los videos en poder de la Fiscalía, los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También se reclutaba adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado.  
 
La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, así: 
 
Candidatos al Congreso: Aida Merlano y Lilibeth Llinás 
 
Dirigentes políticos regionales:

Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico

Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico

Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla

Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla

Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo

Vicente Támara, exconcejal del municipio de Soledad 
 
Líderes:  Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo. 
 
Financiación de la empresa criminal 
 
La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico. 
 
En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”. 
 
En la privada, se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal. Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de pesos ($1.000’000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos ($500’000.000).  

4. Dado el volumen de las sumas recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de Casa Blanca y hasta en la “bañera” de la edificación. 
 
Debe tenerse en cuenta que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijó por la autoridad electoral en la suma de novecientos millones de pesos ($900´000.000) (Resolución 2796 de 2017 del Consejo Nacional Electoral). 
 
Nuevos delitos 
 
Las situaciones fácticas referidas le han permitido al fiscal de conocimiento concluir que varios de los indiciados podrían haber incurrido en dos (2) de los nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017:  
 
Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales (artículo 396 B del Código Penal)

Tráfico de votos (artículo 390 A del Código Penal) 
 
Imputados Fase I 
 
Durante la Fase I de la operación “Casa Blanca”, fueron capturadas en flagrancia cinco (5) personas a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado, respecto de tres de ellos: 
 
Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas.

Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.

Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña.

María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales.

Everlyn Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores. 
 
Posteriormente, también fueron capturados los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez Otálvarez, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. A Sara Luz Jiménez, adicionalmente, se le imputaron los delitos de obtención de documento público y corrupción al sufragante.  

5. Imputados Fase II 
 
1.  Con base en el recaudo probatorio de la Fase II, el próximo 30 de julio – fecha asignada por el centro de servicios de Barranquilla – adicionalmente la Fiscalía imputará los siguientes delitos:    A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. 
 
A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. 
 
A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. 
 
A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. 
 
2. Adicionalmente el fiscal de conocimiento ha decidido imputar, en fecha que será determinada por el centro de servicios de Barranquilla, por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos, a los primeros veinte (20) líderes – los más caracterizados e importantes – que aparentemente se dedicaban de manera profesional a formar y vender los “paquetes de votantes”.  
 
3. En fecha que también será señalada por el centro de servicios de Barranquilla, también serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, seis (6) personas dedicadas a la logística de compra de votos dentro de la “Casa Blanca”. 
 
4. Igualmente, el fiscal de conocimiento radicó solicitud de audiencia de imputación contra Edwin Martínez por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. La Fiscalía también solicitará audiencia para demandar el cambio de medida de aseguramiento de domiciliaria a intramural. 
 
6 Compulsa de copias 
 
El fiscal de conocimiento compulsó copias el 20 de junio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.  
 
En la misma fecha también se compulsaron copias ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido las candidatas Aída Merlano y Lilibeth Llinás 
 
1. Interrogatorio a financiadores 
 
El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral.