Procuraduría advierte posibles investigaciones a alcaldes del Valle por omisión en paro
Señala que los alcaldes deben garantizar el derecho a la protesta pero garantizando que no se restrinjan otros derechos fundamentales.
La Procuraduría General lanzó varias advertencias sobre posibles aperturas de investigación disciplinaria a los alcaldes de Yotoco, Restrepo, Calima El Darién, Buga y Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, por supuestas omisiones frente a los hechos sucedidos en el marco del paro nacional.
Los oficios señalan que los alcaldes deben garantizar el derecho a la protesta pero garantizando que no se restrinjan otros derechos fundamentales del resto de la población.
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Según la Procuraduría, se han encontrado varios casos de violaciones y afectaciones en medio de las protestas a la libertad de locomoción, la seguridad alimentaria, suministro de oxígeno y medicinas y demás insumos de primera necesidad.
“Corresponde a los alcaldes propugnar por la conservación del orden público en el municipio, dirigir y coordinar la actuación administrativa de su jurisdicción, de manera articulada con el Gobierno Nacional y el gobernador del departamento”, señaló la Procuraduría en los oficios.
La Procuraduría también sostiene que los alcaldes no deben ser indiferentes al traslado de personas enfermas o de personal de atención de emergencias, los cuales se han visto afectados por los cierres de vías como la que comunica a Buenaventura con Buga, y las vías del Valle del Cauca y del país.
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“Debe velar por la protección del derecho a la protesta y a que, en su ejercicio, otros intereses no resulten menoscabados, lo que de suyo supone que esa prerrogativa admite limitaciones expresamente señaladas en la ley, en pro de la seguridad nacional, el orden público, la preservación de la salud, la moral pública, los derechos y libertades de los demás”, se lee en el oficio enviado al alcalde del municipio de Calina del Darién, Martín Alfonso Mejía.
Esos oficios fueron firmados por el viceprocurador Antonio Emiro Thomas y las delegadas para las entidades territoriales y diálogo social, y la defensa de los Derechos Humanos.