Procuraduría investiga más de 300 irregularidades en las CAR
El Ministerio Público revisa las anomalías en otorgamiento de licencias y permisos a proyectos ambientales.
La Procuraduría General de la Nación se sumó a las alertas por presuntas irregularidades en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), relacionadas con el manejo administrativo y fiscal de estas entidades, y reportó que adelanta más de 300 investigaciones al respecto.
A través de una carta enviada al director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Ramón Leal, el procurador Fernando Carrillo manifestó su preocupación por lo que viene ocurriendo con las corporaciones y señaló que es necesario poner freno a los actos irregulares.
El Ministerio Público informó que actualmente adelanta 398 acciones preventivas y disciplinarias que involucran irregularidades en las funciones de las CAR.
“En el órgano de control cursan actualmente 72 quejas contra las CAR, se adelantan 256 indagaciones preliminares, 43 investigaciones disciplinarias, 27 acciones preventivas en los territorios, además del seguimiento que realizan las delegadas del nivel central a las Corporaciones Autónomas Regionales”, señala el órgano disciplinario.
También se conoció que la Contraloría ha encontrado deficiencias en la administración de los recursos públicos por parte de estas entidades, que manejan los mayores recursos presupuestales (70% del presupuesto total).
"Lo cual pone en inminente riesgo los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades, pues el despilfarro y la desviación de recursos no permiten inversiones efectivas”, puntualizó la Procuraduría.
Según información del Órgano de Control, la situación más grave se encontraría en el departamento de Cundinamarca, donde se habrían encontrado irregularidades por 72.000 millones de pesos y adjudicaciones a un solo contratista.
Esta entidad sostuvo que, al igual que hizo la Contraloría, estos hallazgos ya están en poder de la Fiscalía para que determine si hay alguna acción irregular que requiera un tratamiento judicial por parte de las autoridades.