Ratifican condena contra Álvaro Dávila por 'carrusel de contratos' en Bogotá

En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena de 19 años de prisión contra el abogado Álvaro Dávila Peña por su responsabilidad directa en el escándalo del 'carrusel de la contratación' en la capital de la República.

Tras resolver un recurso de apelación presentado por la defensa de Dávila, la Sala determinó que existían muchas pruebas documentales y testimoniales para inferir su participación en la manipulación del pliego de condiciones para beneficiar a un grupo de empresarios con contratos de obras públicas en la administración de Samuel Moreno Rojas.

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Dávila Peña, quien fungió como asesor jurídico del denominado 'Grupo Nule', fue clave para la modificación de los pliegos de condiciones en los procesos de licitación convocados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para beneficiar así a un grupo de contratistas y empresarios que ya se habían comprometido a pagar una millonaria comisión.  

El abogado conformó con los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, así como la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona, una "empresa criminal" para direccionar la entrega de contratos viales en la capital, entre los que se encontraban la reparación de la malla vial y las obras de valorización.

En una reunión en 2008 en Miami (Florida), Dávila fijó con el entonces senador Iván Moreno y Miguel Nule un plan para entregar estos contratos de construcción y de mantenimiento vial exigiendo como comisión el 10 por ciento del valor total de los convenios. 

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Para esto, se pusieron en marcha una serie de encuentros y reuniones con concejales de Bogotá y dirigentes políticos con el fin de evadir el control político en la entrega de estos contratos y evitar que se abrieras veedurías a los procesos de licitación. 

Utilizando sus contactos y amistades, el abogado influyó en círculos políticos y entidades estatales para la adjudicación de los contratos. Sus principales beneficiarios fueron el Grupo Nule, Emilio Tapia y Julio Gómez. 

Los procesos de licitación fueron alterados y blindados para variar los métodos de evaluación y de calificación de los proponentes y así evitar que otros interesados completaran los requisitos en las licitaciones. 

Con este modus operandi se adjudicaron dos contratos adicionales para la recuperación de la malla vial, el 071 y 072 de 2008. El abogado fue sentenciado por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. 

Por estos hechos de corrupción ya fueron sentenciados el exalcalde Samuel Moreno Rojas, su hermano, el exsenador Iván Moreno Rojas; los contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule; el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, y la exdirectora del IDU LIliana Pardo.