Reforma constitucional a la Justicia no pudo avanzar en el Congreso de la República

La reforma constitucional a la Justicia no pudo avanzar en el Congreso de la República por falta de quórum en la Comisión Primera del Senado, que no pudo sacarla adelante en tercer debate.

Como se trataba de un acto legislativo, al no votarse este lunes, los tiempos no dan para que pueda pasar a plenaria de Senado y aprobarse en su cuarto debate antes del 16 de diciembre, razón por la cual el proyecto se hundió.

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La iniciativa, que estaba siendo impulsada por el Gobierno Nacional y algunos congresistas, tuvo mucha resistencia por cuenta de algunos artículos que modificaban los requisitos para elegir a los altos funcionarios de la rama judicial.

La senadora Paloma Valencia, fue una de las que se opuso a esta iniciativa, cuestionando la manera como se planteaba la designación de los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, manteniendo el sistema de cooptación.

“Vuelve la selección de los magistrados un tema de roscas y amiguismos, esto es la legalización de la rosca, es decir, la rosca está bien, pero es legal y yo creo que es muy grave para Colombia que no le podamos dar unos criterios claros de selección a los magistrados y simplemente sea de acuerdo al criterio de quienes integran una Corte la selección de sus integrantes”, sostuvo.

Sin embargo, el senador ponente Miguel Ángel Pinto, trató de convencer a los legisladores de respaldar el proyecto y hacer los ajustes necesarios en los siguientes debates, pero no fue posible.

“Lo que busca es hacer una modificación a los procesos de concurso y la convocatoria para quienes van a ser magistrados de altas cortes, hoy lo que opera en Colombia es que el Consejo Superior de la Judicatura realiza los concursos, selecciona a 10 personas y cada corte hace la evaluación y la modificación era que las propias cortes hicieran los concursos y puedan hacer una selección de un número más amplio de aspirantes a magistrado”, explicó.  

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En el proyecto se planteaba, por ejemplo, que quienes quisieran aspirar a altos cargos como Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo y Contralor General, debían acreditar un “título universitario de abogado con experiencia profesional mínima de 15 años y experiencia profesional simultánea o complementaria no menor a 15 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas, o como docente universitario por el mismo tiempo”.

Adicionalmente, se proponía elevar a rango de alta corte la Comisión de Disciplina Judicial y revivir constitucionalmente el fuero que deberían tener los integrantes de esa corporación.