Suboficial fue condenado a 33 años de prisión por muerte de su hijastro

La justicia sentenció a 33 años y cuatro meses de prisión al sargento segundo del Ejército Nacional, Richard Antonio Pérez, por el asesinato a golpes de su hijastro de cinco años de edad, en un hecho que estremeció a la comunidad antioqueña,

Los hechos investigados ocurrieron el 6 de febrero de 2016, cuando el niño fue llevado sin signos vitales a un centro asistencial de Medellín, luego de un vómito severo.

El padrastro aseguró que el menor presentaba dolor de estómago, luego de caerse de una bicicleta.

La versión fue descartada con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que estableció que el menor falleció a causa de traumatismos severos en los intestinos, el bazo, el páncreas y los riñones. 

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Además, el niño presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo que no fue tratada clínicamente, así como signos de maltrato físico y desnutrición.

Al referirse a la condena proferida por Juzgado 29 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, la directora seccional de Fiscalías de Fiscalías de Medellín, Adriana María Villegas Arango, dijo que el suboficial fue hallado culpable de homicidio agravado con dolo eventual, porque quedó demostrado que la víctima recibía constantes maltratos físicos que finalmente terminaron con su vida.

La familia del niño rechazó la condena contra el sargento Richard Antonio Pérez, y pidió al Tribunal Superior de Medellín que le aplique la máxima pena, para que pague por todo el sufrimiento al que sometió a su hijastro.

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Así lo manifestó, Mirla Luz Atencio, abuela materna el menor. La señora aseguró que su hija Yeraldin Carrascal Atencio no ha podido superar esta tragedia. "Los 33 años (de cárcel) es poquito para él, por todo lo que le hizo a mi niño, no tiene perdón de Dios. Mi nietecito era un niño juicioso. Yo quisiera que él por cada cosa que le hizo a mi nieto, me lo pagara una a una. Que pague".

Contra el sargento Richard Antonio Pérez, de 39 años de edad, que capturado por servidores del CTI cuatro días después de los hechos, se abrió otra investigación por presunta tortura contra su hijastro, a quien tenía bajo su protección desde el 7 de diciembre de 2013, cuando obtuvo un permiso del Ejército Nacional para pasar las vacaciones con el niño.

Durante las audiencias, la familia del menor denunció negligencia de las autoridades, para restablecer los derechos del infante y devolverlo a su hogar materno.