Trabajadora de Cruz Verde que confundió medicamentos sería condenada por homicidio culposo
El grave error causó la muerte de dos niños en Bogotá.
Tras conocerse la muerte de dos niños de 7 y 10 años de edad en la localidad de Suba, en Bogotá, por un error de la farmacia Cruz Verde que entregó Tramadol en lugar de Albendazol, son muchas las preguntas que han surgido en el país alrededor de este caso.
Una de las que más ronda entre usuarios en redes sociales y los vecinos de la familia López Torres es contra quién o quiénes recae la responsabilidad de los hechos que terminaron con la vida de los menores de edad y cuál sería el castigo recibirían por esta serie de errores.
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Para despejar estas dudas, LA FM consultó con el abogado penalista Francisco Bernate quien, pese a que el caso está muy reciente y comenzando un proceso de investigación, explicó el panorama en materia legal que se podría desarrollar.
Hablando desde su experiencia y conocimiento, el penalista explicó tres panoramas que se desprenden de este lamentable caso.
Uno es la responsabilidad de la auxiliar de farmacia que entregó el medicamento errado, otro es sobre la entidad a la que está vinculada la trabajadora, en este caso Cruz Verde, y el otro es sobre la responsabilidad de la madre de los niños quien suministró el Tramadol sin percatarse que no era lo que decía la fórmula médica.
Frente a estos panoramas Bernate dejó claro que la principal responsabilidad recae sobre la mujer de Cruz Verde que entregó un medicamento distinto la que decía la fórmula médica. Aclarando que para este caso sería juzgada por el delito de homicidio culposo.
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“Hablando de escenarios legales, sobre la trabajadora que entregó el medicamento, debe verificarse a qué obedeció ese error humano a la hora de dispensarlo. Si se encuentra que lo que se dio fue una apreciación ligera de la fórmula, deberá ser investigada por el delito de homicidio culposo”, señaló el abogado.
De igual forma explicó que en Colombia el delito de homicidio culposo es excarcelable, por lo que no quiere decir que esta persona vaya a ir precisamente a la cárcel.
“No acarrea penas efectivas de prisión, no va a ir efectivamente a la cárcel, pero a lo largo del proceso sí debe determinarse su formación y capacitación sobre el manejo que se le dio a esta fórmula medica”, dijo.
En cuanto al agravante que tendría el delito por tratarse de dos víctimas menores de edad, el jurista fue claro en explicar que, según como se ha conocido la historia, en este caso no habría intención por parte de la trabajadora de causar algún daño a los menores de edad y,pese a que cometió un error que es grave, no aplicaría el agravante porque no hubo dolo.
“Aquí es evidente que nadie obró con la intención de lesionar ni mucho menos causar la muerte de estas personas, entonces no aplica el agravante ni la opción de negar una pena en libertad porque no fue un hecho deliberado”, dijo Bernate.
Sobre el segundo panorama, habló de una presunta responsabilidad patrimonial por parte de la entidad a cargo de la contratación de la auxiliar de farmacia, es decir Cruz Verde.
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“Por supuesto deberá debatirse, suponemos que se debatirá, si existe a alguna responsabilidad por parte de la institución que dispensa el medicamento, donde deberá debatirse si la persona a cargo de hacer la entrega de los fármacos está cualificada o entrenada y actualizada para hacerlo. Sí se cuenta con unos protocolos. De no ser así también hay una responsabilidad y es exclusivamente patrimonial”, detalló el penalista.
Frente al panorama de una presunta responsabilidad penal por parte de la madre de los niños, Francisco Bernate fue enfático en que sobre ella no cae ninguna responsabilidad legal ya que no está obligada a revisar los medicamentos, partiendo del punto de que confía tanto en el profesionalismo de su médico cómo de quien despacha los fármacos.
“No tiene por qué verificar la fórmula o contrastarla con los medicamentos que le entregaron, pues partimos del punto de que ella confía en el profesionalismo y correcto desempeño, tanto de quien hace la prescripción médica, como de quien se los entrega”, aclaró.
Por último el jurista lamentó el caso y aprovechó para hacer un llamado a mejorar el protocolo de fórmulas médicas pues, aunque este no es el caso, aún hay partes donde se realiza la fórmula médica de manera manual, en una letra poco legible, haciendo que se presenten posibles confusiones a la hora de interpretarlas para despachar los medicamentos.
“Sin lugar a dudas estamos frente a un hecho lamentable. Un suceso que desafortunadamente obedece a una práctica en nuestro país y es que muchas veces las fórmulas médicas no se escriben en una letra legible, lo que permite que se presenten estos eventos adversos, en los que el farmaceuta se confunde a la hora de dispensar el medicamento, pudiendo desencadenar unas consecuencias fatales. En ese caso también entraría una responsabilidad sobre el médico que escribió la fórmula”, puntualizó.