Tumban tutela que buscaba reactivar procesos para revocar alcaldes
El juez además consideró que por encima de cualquier mecanismo de participación ciudadana está la salud y la vida de los colombianos.
El juez séptimo administrativo del circuito judicial de Bogotá negó por improcedente una acción de tutela que buscaba reactivar los procesos de revocatoria de alcaldes en Colombia, en medio de las restricciones derivadas por la pandemia del coronavirus.
Al mismo tiempo, buscaba tumbar la decisión de la Registraduría Nacional de esperar que el Ministerio de Salud emitiera un concepto sobre las condiciones y los protocolos que se deben cumplir de parte de los promotores de las revocatorias, sobre la participación que tendrán los ciudadanos para la recolección de firmas.
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Pretendían que los 58 comités que se han conformado en el país para las revocatorias de los mandatarios de alcaldes como Daniel Quintero en Medellín (Antioquia) y Claudia López en Bogotá, entre otros, se reactivaran inmediatamente.
El juez además consideró que por encima de cualquier mecanismo de participación ciudadana está la salud y la vida de los colombianos, teniendo en cuenta los riesgos que conlleva adelantar este tipo de procesos para la recolección de las firmas de los ciudadanos.
También señaló en la exposición de los argumentos del fallo, que no se evidenció “que se estén vulnerando otros derechos y principios fundamentales, para que sea procedente la acción como mecanismo residual y subsidiario, y que amerite impartir orden alguna, con los demás alcances pertinentes, motivos por los cuales, se declarará improcedente la presente acción”.
Explicó además el juez que “en caso de que el Ministerio de Salud y Protección Social autorice la recolección de apoyos, la entidad solicita a esa cartera trazar los lineamientos de bioseguridad que deben tener en cuenta los promotores de las iniciativas. Se estima que para llevar a cabo los cincuenta y ocho (58) procesos de revocatoria de mandato inscritas a la fecha, se deben solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cerca de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000)”.
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Cabe recordar que el pasado 31 de enero, en medio del aumento de casos de coronavirus y de las condiciones en las que se encuentra el país, la Registraduría Nacional le pidió al Ministerio de Salud que emitir un concepto sobre la viabilidad para la recolección de firmas, además de los trámites que se adelantan en el marco de las revocatorias.