Ultimátum a cárcel de mujeres en San Diego que está en riesgo de desplomarse

La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena emitió un ultimátum para que se resuelva de una vez por todas la grave situación que se está presentando en la cárcel de mujeres de San Diego en la capital del Bolívar por una falla estructural que pone en grave situación de riesgo a las reclusas.

Como primera medida se le ordenó a las directivas del centro carcelario no aceptar a una interna más. Igualmente, se le pide tomar todas las medidas para iniciar el respectivo trámite de traslado a otras cárceles del departamento mientras se realiza el fortalecimiento de la estructura de la edificación.

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Y es que la situación es tan grave que el mismo Tribunal sugiere la reconstrucción total de la cárcel, esto teniendo en cuenta informes técnicos que señalan que parte del concreto se está desprendiendo en algunas partes.

“Las circunstancias por las que atraviesa la cárcel no solo es una bomba de tiempo de alto riesgo de personas hacinadas”, precisa uno de los apartes del fallo que cita que las internas no cuentan con “tranquilidad humana” lo que hace más difícil el cumplimiento de sus condenas.

De no poderse realizar todo el traslado de las internas el Tribunal manifiesta la necesidad de implementar medidas alternativas o presupuestales para poner en marcha un plan de “mantenimiento, adecuación y reparación” de la cárcel “garantizando la protección de las internas y el personal que allí labora”.

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En el fallo se señala que tras hacer una inspección se encuentra que el edificio como tal “no ofrece ninguna garantía (…) por el grado de vulnerabilidad en los riesgos locativos, riesgo eléctrico, riesgo biológico y riesgo psicológico”, por lo que se deben tomar medidas urgentes.

Esta decisión se tomó tras resolver una acción de tutela presentada por la Procuraduría General que solicitó la protección de los derechos a la vida integridad personal, igualdad, tranquilidad y dignidad humana de las mujeres, en conjunto con el personal administrativo y de guardias que laboran en el penal.

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Igualmente, se le ordena a la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena, la Alcaldía de Turbaco y la Dirección de la cárcel para que hagan un plan en coordinación con el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio del Interior con el fin de restablecer las condiciones de seguridad mediante un plan de contingencia de reconstrucción, reparación o reestructuración carcelaria.

Finalmente solicitó ejecutar medidas que garantizar el orden público y respeto por los derechos fundamentales de las mujeres allí recluidas, bajo el enfoque de género.