En vilo proceso de desminado humanitario en cuatro departamentos del país

Norte de Santander, Arauca, Chocó y Nariño, siguen en riesgo no solo por la resiembra de minas antipersona sino por los serios problemas de orden público que atraviesan e impiden que los uniformados de la fuerza pública puedan llegar hasta allí.

Y es que la política de los desminadores es ingresar sin ningún tipo de de armamento, lo que los obliga a trabajar prácticamente a ciegas. Según el Coronel Raúl Ortiz, comandante de la brigada de desminado, la presencia de grupos armados ha generado riesgo, "ellos encuentran en las minas cómo protegerse y mientras estén ahí estamos en riesgo".

Aunque la protección de los uniformados depende de un equipo que pesa más de 10 kilos, con chaleco antifragmentación, protección pélvica, casco con visor, equipo contra explosivos, máscara y rodilleras; el ministerio de Defensa les negó la entrada a esos departamentos. "Ellos ingresan sin armamento, nuestra seguridad es la comunidad y por esto no podemos ingresar; ni MinDefensa ni el Comando General autorizó".

Según cifras oficiales, las denuncias de pobladores de zonas en riesgo aumentó de 10% a un 70%. La promesa del Gobierno no es solo destruir minas sino resarcir a las víctimas, "tenemos que reactivar la economía, restituir tierras y proyectos productivos para las comunidades".

Se espera que en los próximos días sean entregados libres de sospecha de minas y explosivos municipios de departamentos como Meta, Santander y Antioquia.