Cámara de Representantes aprobó el presupuesto del Sistema General de Regalías por $30,9 billones

La Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto de ley que establece el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2025-2026, por un total de $30,9 billones.

Esta aprobación permitirá la inversión de dichos recursos en diversos proyectos de desarrollo territorial y reactivación económica en las regiones del país.

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El subdirector general del SGR, Jhonattan Duque, destacó que con estos recursos se impulsará la descentralización de los dineros del Estado, otorgando a los mandatarios locales herramientas para controlar e invertir en proyectos que beneficien a los ciudadanos.

“De esta forma se contribuirá a la reactivación económica de las regiones al otorgarle a los mandatarios herramientas para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de las comunidades. Se impulsará la autonomía y desarrollo territorial”, afirmó Duque. 

El presupuesto aprobado se financiará en un 82,5% con los ingresos corrientes del SGR, provenientes principalmente de la explotación de hidrocarburos y minerales, mientras que el resto provendrá de los rendimientos financieros generados por dichos fondos. 

La representante Tamara Argote, ponente del proyecto, explicó que el presupuesto incorpora los recursos de acuerdo con lo que establece la Constitución, distribuyéndolos en las diferentes afectaciones.

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Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de polémica. El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, lamentó que no se aprobara un artículo que pretendía regular los fondos mixtos y asociaciones de municipios, los cuales, según él, han sido creados para malversar las regalías.

“La plenaria de la Cámara no aprobó un artículo que pusiera en cintura esos contrataderos que se han inventado para desangrar el Estado”, criticó Ocampo.

Concluido el trámite en la Cámara, el proyecto será ahora revisado por el Senado de la República, donde deberá ser aprobado en plenaria antes de ser sancionado por el presidente de la República.