Caso Nicolás Petro: Ultimátum al hijo del presidente para nombrar abogado defensor

La Procuraduría General de la Nación le envió un oficio a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, en la que le solicita designar un abogado.

El plazo establecido es el 15 de septiembre del presente año. Esto se da, luego de que renunciaran dos de sus defensores: el primero de ellos, fue Juan Trujillo, quien presentó su dimisión durante la jornada de audiencias que el exdiputado del Atlántico rindió ante un togado en la imputación realizada por la Fiscalía; posteriormente, lo hizo David Teleki, quien alegó motivos personales.

No obstante, de acuerdo con el Ministerio Público, si Petro Burgos no lo hace, de igual forma continuarán con el proceso que se le sigue.

Al exdiputado, la entidad le abrió investigación por presuntamente recibir dineros irregulares para financiar la campaña presidencial 2022, dineros que no habrían llegado a su destino.

En su momento, fue ordenada la práctica de pruebas documentales y testimoniales, con el fin de establecer la ocurrencia de conductas supuestamente irregulares, para determinar si constituían faltas disciplinarias y el posible perjuicio causado. 

A nivel penal fue imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Supuestamente, por recibir recursos económicos de Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca.

Le puede interesar: Nicolás Petro y Gabriel Hilsaca son citados por la Fiscalía

Inicialmente, la denuncia la hizo Daysuris Vásquez, su exesposa, quien es señalada de cometer lavado de activos y violación de datos personales.

En la actualidad, la mujer goza del beneficio de libertad condicional, tras el trato al que llegó con la Fiscalía para entregar conversaciones, audios y demás material probatorio.

Le puede interesar: Este martes se sabrá si Nicolás Petro firma preacuerdo o no con la Fiscalía

Por su parte, Petro, quien también tiene el mismo beneficio busca un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación; en el momento en el que se apruebe y entre en vigencia el principio de oportunidad, esta entidad renunciaría a continuar las investigaciones en su contra por los delitos anteriormente mencionados.