María Anayme Barón es la nueva auditora general por el Consejo de Estado
El alto tribunal culminó el proceso para elegir a la persona encargada de supervisar, entre otras cosas, a la Contraloría.
María Anayme Barón Durán fue elegida como nueva auditora general luego de que se realizara el proceso que adelantó el Consejo de Estado.
Barón contadora pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Sogamoso (Boyacá). Tiene especialización en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública de Boyacá y cursó una maestría en la Universidad Libre de Bogotá.
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Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, en donde ha estado vinculada a las alcaldías de Nobsa, Firavitoba y Puerto Boyacá, la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) y la Contraloría General de Boyacá.
También fue gobernadora encargada de Boyacá en distintos momentos del 2015. Además, trabajó en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Boyacá y como Subdirectora Administrativa y Financiera en la Federación Nacional de Departamentos.
En la Contraloría de Bogotá ejerció distintos cargos desde el 2016 como asesora de Despacho, directora técnica de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, directora técnica de Reacción Inmediata, contralora auxiliar y contralora encargada.
De igual forma, ha sido contratista de la Contraloría General de la República, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Ministerio de Justicia.
La auditora general deberá dirigir el funcionamiento de la Auditoría General de la República y formular las políticas, planes y estrategias necesarias para el eficiente y efectivo ejercicio de las funciones que le otorga la Constitución.
Entre las funciones, la auditora deberá recomendar al Contralor General de la República y al Gobierno Nacional las reformas legales que considere necesarias para el mejoramiento del régimen de control fiscal.
Barón debe promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra los funcionarios o exfuncionarios de las entidades vigiladas que hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.
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Además, de las actuaciones que adelante, debe presentar los informes sobre el ejercicio de su gestión a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado cada año.