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María Anayme Barón es la nueva auditora general por el Consejo de Estado

El alto tribunal culminó el proceso para elegir a la persona encargada de supervisar, entre otras cosas, a la Contraloría.

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Actualizado:
Martes, Septiembre 12, 2023 - 17:14
Consejo de Estado Referencia
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RcnRadio

María Anayme Barón Durán fue elegida como nueva auditora general luego de que se realizara el proceso que adelantó el Consejo de Estado.

Barón contadora pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Sogamoso (Boyacá). Tiene especialización en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública de Boyacá y cursó una maestría en la Universidad Libre de Bogotá.

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Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, en donde ha estado vinculada a las alcaldías de Nobsa, Firavitoba y Puerto Boyacá, la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) y la Contraloría General de Boyacá. 

También fue gobernadora encargada de Boyacá en distintos momentos del 2015. Además, trabajó en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Boyacá y como Subdirectora Administrativa y Financiera en la Federación Nacional de Departamentos. 

En la Contraloría de Bogotá ejerció distintos cargos desde el 2016 como asesora de Despacho, directora técnica de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, directora técnica de Reacción Inmediata, contralora auxiliar y contralora encargada. 

De igual forma, ha sido contratista de la Contraloría General de la República, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Ministerio de Justicia.

La auditora general deberá dirigir el funcionamiento de la Auditoría General de la República y formular las políticas, planes y estrategias necesarias para el eficiente y efectivo ejercicio de las funciones que le otorga la Constitución.

Entre las funciones, la auditora deberá recomendar al Contralor General de la República y al Gobierno Nacional las reformas legales que considere necesarias para el mejoramiento del régimen de control fiscal.

Barón debe promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra los funcionarios o exfuncionarios de las entidades vigiladas que hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.

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Además, de las actuaciones que adelante, debe presentar los informes sobre el ejercicio de su gestión a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado cada año.

Fuente:
Sistema Integrado de Información