CNE niega tres recusaciones a magistrados en caso de financiación de campaña de Petro

En Sala Plena el Consejo Nacional Electoral negó las recusaciones contra los magistrados Álvaro Hernán Prada, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, que pretendían apartarlos de la discusión de la ponencia de formulación de cargos al presidente, Gustavo Petro y a Ricardo Roa, en el marco de la investigación a la campaña ‘Petro Presidente’. 

Las recusaciones contra Márquez y Velásquez las presentó el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid, quien documentó una “estrecha cercanía” de las magistradas con el jefe de Estado, por lo que consideró que “no están en la condición de constituirse como juez imparcial para definir el conflicto suscitado”.

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Por su parte, la acción contra Prada la presentó la bancada del Pacto Histórico en el Congreso, argumentando la existencia de “interés indebido y animadversión” del magistrado contra el mandatario por diferencias políticas, por lo que se estaría vulnerando el principio de imparcialidad y el régimen de conflicto de interés. 

Sin embargo, el pleno del tribunal determinó improcedentes las tres recusaciones y procedió a estudiar una solicitud de los representantes que investigan a Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara, que reclamaron la competencia y pidieron el traslado a esa instancia legislativa de todos los expedientes en los cuales se menciona al jefe de Estado. 

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Este último punto ha generado discusión en el tribunal, pues la mayoría consideran que el CNE si está facultado por la ley para investigar presuntas irregularidades en una campaña y a quienes participaron en ella. En este caso, el hoy presidente, Gustavo Petro, se investiga en su calidad de candidato.

De negarse esta solicitud, el tribunal tendría vía libre para avanzar en la discusión de la ponencia de formulación de pliego de cargos a Petro, Roa y otros involucrados en la campaña del 2022, que fue presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, luego de encontrar inconsistencias en la financiación de la campaña que habrían derivado en una violación de los topes permitidos por la ley.