Código de procedimiento de la JEP pasa a sanción presidencial

Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron la conciliación de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz con los cambios planteados por el Centro Democrático y enviaron la norma a sanción presidencial.

Se acogió la propuesta uribista de congelar la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública ante esa jurisdicción, mientras se reglamenta la creación de una nueva sala en la JEP para su juzgamiento.

Durante la discusión, la senadora Paloma Valencia aseguró que el tratamiento que están recibiendo los integrantes de la Fuerza Pública no es digno.

Sin embargo, aclaró que la proposición aprobada no impide que los militares que de manera voluntaria quieran continuar su proceso en la nueva Justicia con las normas vigentes, puedan hacerlo.

“No defiende el buen nombre que a usted le digan que queda libre si confiesa y que en cambio si no quiere confesar tiene que pagar una abogado y lo pueden meter 20 años a la cárcel. Ese tipo de privilegios que solo son adecuados para los criminales, humilla la acción valiente y heroica de quienes nos han protegido del terrorismo”, manifestó. 

El senador Roosevelt Rodríguez, uno de los ponentes del acto legislativo que le dio vida a la JEP, explicó que ese artículo afecta la seguridad jurídica de la comparecencia de los agentes del Estado.

“La proposición de la senadora Paloma Valencia no es procedente porque la llegada de la Fuerza Pública a la Jurisdicción de Paz es un mandato de carácter constitucional y eso será tumbado por la Corte Constitucional”, indicó.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que este artículo no era necesario porque ya existe una sala especial en la JEP para los militares. 

“Hay una Sala de Definiciones Jurídicas que es para la Fuerza Pública, la sala de los desmovilizados es la Sala de Amnistía e Indulto, así que los militares tienen su propia sala en la Jurisdicción Especial de Paz”, manifestó.

La reforma constitucional para crear la nueva sala de juzgamiento de los militares en la Jurisdicción de Paz, será presentada después del 20 de julio y su trámite durará un año en el Congreso de la República.

Sobre la extradición

Por mayoría, los congresistas también decidieron quitarle cualquier facultad a la JEP de decretar pruebas en materia de extradición. 

Es decir, los magistrados de esa jurisdicción ni siquiera podrán aplicar un acervo probatorio mínimo y solo tendrán que definir con base en los hechos, si la conducta cometida por un desmovilizado pedido en extradición fue anterior o posterior a la firma del acuerdo de paz.

Las pruebas, según había explicado la senadora Paloma Valencia, serán decretadas únicamente por la Corte Suprema de Justicia.

“Que las pruebas las practique la Corte Suprema de Justicia y que la JEP se limite a mirar los hechos para decir si la conducta se cometió después o antes de la firma del acuerdo de paz. Esto es fundamental para garantizar que las personas que incumplan los acuerdos y se mantengan en delitos como el narcotráfico, no reciban beneficios”, señaló.

El Gobierno Nacional no pudo contener las mayorías duquistas, pese a que advirtió que dicha propuesta era inconstitucional.

“La Jurisdicción Especial de Paz es una instancia judicial y no notarial, por eso no compartimos la idea de la senadora Paloma Valencia en el sentido de que a la jurisdicción no se le permita practicar pruebas”, había indicado el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Este fue el artículo aprobado:

La Sección de Revisión verificará que los hechos a los que refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas.

En ningún caso la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de quien fuere solicitado en extradición.

El ponente de la iniciativa, el senador Roy Barreras, también había pedido negar la proposición de la congresista Paloma Valencia, pero su petición no fue escuchada en la plenaria.

El presidente Juan Manuel Santos tendrá que sancionar ahora la ley de procedimiento de la JEP para que pueda entrar en vigencia y los procesos que se adelantan allí puedan avanzar.