Congreso prepara debate sobre corrupción en la alimentación escolar

El Senado de la República buscará que el Gobierno Nacional entregue cuentas por las irregularidades que se han venido presentando con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La preocupación en el Congreso estalló por cuenta de las revelaciones de la Procuraduría en las que señaló que ya hay 15 indagaciones preliminares contra gobernaciones y alcaldías por estos hechos.

El senador Ángel Custodio Cabrera aseguró que durante el debate se plantearán estrategias para acabar la corrupción en este programa.

“El gobierno que llegue tiene que cambiar la modalidad de atención. Vamos a proponer en el debate que se vuelva al origen del Plan de Alimentación Escolar cuando lo manejaban directamente las escuelas y colegios de Colombia a través de las asociaciones de padres de familia”, señaló.

Dijo que a ese debate también citarán a la Procuraduría y la Fiscalía para que informen al país de los avances en las investigaciones por estos hechos.

“Citaremos a los organismos de control, a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, también a la ministra de Educación, al ICBF y al Ministerio de Hacienda para ver la desfinanciación del programa”, añadió.

La senadora Claudia López, en pasados debates, ha cuestionado seriamente al Gobierno por el manejo del PAE.

“Seguimos con un programa desfinanciado, con unos estándares por debajo de lo que dice la Constitución y la ley. El Programa de Alimentación Escolar y sus lineamientos son inconstitucionales y caprichosos, en ninguna parte de la ley establece que debe haber un complemento nutricional del 20% o 30% de las necesidades”, ha dicho.

Según el Ministerio Público, se están investigando las administraciones de Atlántico, Risaralda, Amazonas, Quindío, Cauca, Tolima, Casanare, Pereira, Armenia, Cúcuta, Popayán y Florencia.

Aunque no está directamente relacionada con el tema del PAE, en la Procuraduría también existe una indagación contra el gobernador de Vaupés por temas de educación, al presuntamente haber incurrido en una omisión de sus funciones por no contratar ese servicio para los menores de las comunidades indígenas del departamento.

La Procuraduría también adelanta investigaciones preliminares contra las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas irregularidades en la ejecución del PAE.