Gobierno, Procuraduría y Fiscalía piden avalar decreto sobre bienes de las Farc

Ante la Corte Constitucional, el Gobierno y los organismos de control solicitaron avalar el Decreto Especial relacionado con el manejo y entrega de bienes de las Farc como parte de los acuerdos de azúcar suscritos en La Habana.

En su intervención el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, manifestó la importancia de que la Corte Constitucional de vía libre a este Decreto por la urgencia que se necesita para manejar este tipo de bienes y destinarlos a la reparación a las víctimas como parte del programa pactado por el Gobierno y las Farc.

Consideró el ministro Gil que este Decreto cumple con todos los requisitos jurídicos y que no están en contravía de la Constitución porque además, guarda conexidad con la consecución de una paz estable y duradera.

Entre tanto el procurador general Fernando Carrillo si bien solicitó al alto tribunal declarar exequible dicho Decreto, advirtió que el cumplimiento de la reparación de las víctimas está directamente relacionado con la entrega total de los bienes de las Farc.

Insistió en que si no se dan los compromisos de la entrega total de dichos bienes, los organismos estatales tienen el deber de perseguirlos a través de la extinción de dominio con el objetivo de garantizar a las víctimas su reparación porque no se pueden quitar las facultades de los organismos de control de actuar frente a presuntos incumplimientos por parte de esa guerrilla.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que es necesario dar vía libre este decreto bajo el condicionamiento de que en el proceso de entrega de inventario de las Farc, la Fiscalía participe activamente.

De igual forma, el fiscal General cuestionó que en uno de los artículos del Decreto se quiera quitar las competencias para investigar y sancionar penalmente, por los delitos relacionados con sus bienes colectivos.

"Esta prohibición, interpretada de esta manera, evidentemente conduciría a la impunidad de los integrantes del grupo guerrillero, lo cual implica el incumplimiento de dos deberes estatales; garantizar los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad", señaló el Fiscal Martínez.