Presidencia defiende petición de desarchivar investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

La Presidencia defendió la petición del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien acudió a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General, para solicitar que se reabra la indagación preliminar contra el reconocido empresario Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, sobre el escándalo de corrupción de pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.

Cabe mencionar que Jaime Lombana, abogado de Sarmiento Gutiérrez, calificó dicha petición como "abiertamente ilegal", a lo que la Presidencia respondió que "es pertinente mencionar que carecen de validez otros reparos formulados a la petición de desarchivo, por la supuesta carencia de interés de la secretaria de Transparencia, al no ostentar la calidad de denunciante o víctima en la actuación penal respectiva".

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La Secretaría de Transparencia reiteró que "le asiste interés general en el asunto, dado que se trata de un tema de la mayor relevancia nacional en la materia que es de competencia de la dependencia que dirijo, entre cuyas funciones se halla la de articular acciones para la lucha contra la corrupción".

"Ese es el propósito que me anima y que nada tiene que ver con actos de persecución de ninguna naturaleza", agregaron en un comunicado de respuesta al abogado Jaime Lombana.

Finalmente, Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia, dijo que le corresponde a la Fiscalía discernir si hay o no merito para disponer el desarchivo de la investigación, "tema que decidí impulsar dado el transcurso del tiempo sin ninguna reacción al respecto, no obstante la gravedad de estos hechos, más aún en un escenario en el que poco se ha avanzado en el descubrimiento del sistema de sobornos y las rutas del dinero que constituyen la esencia del entramado corrupto".

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Según el secretario, la Fiscalía debería tener en cuenta como prueba sobreviniente la condena que le impuso La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos al Grupo Aval y Corficolombiana, al pago de una multa de 40 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Asimismo, solicitó a la Fiscalía las nuevas declaraciones que entregó el presidente del Grupo Aval ante la justicia de los Estados Unidos.