Quiénes llegan al Congreso con cuestionamientos y procesos ante la justicia

Pese a la demanda presentada por la Procuraduría contra la elección de la detenida representante a la Cámara, el CNE decidió por unanimidad otorgarle la credencial a la conservadora.

Sin embargo, sobre ella pesa una medida de aseguramiento por fraude electoral que no le permitiría asistir a su posesión. Si no acude al Congreso en los siguientes ocho días, perdería su investidura y al partido Conservador se le aplicaría la figura jurídica de la silla vacía.

Justamente, la Corte Suprema de Justicia le negó en las últimas horas el permiso para dirigirse este viernes 20 de julio al Capitolio Nacional y posesionarse como Senadora.

Jesús Santrich

La Fiscalía capturó en su oficina de Bogotá a ‘Jesús Santrich’, representante a la Cámara electo por el partido Farc, señalado por el delito de conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, cargamento avaluado por 15 millones de dólares.

Seuxis Hernández (nombre de pila de ‘Santrich’) se encuentra detenido en el centro carcelario La Picota de Bogotá y está en vilo la posibilidad que se pueda posicionar este 20 de julio.

No obstante en las últimas horas el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución en el que le otorgan diez credenciales al partido político Farc, para que puedan ser posesionados como congresistas igual número de sus integrantes, en el que se incluye a ‘Santrich’.

Pero el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que una persona que se encuentra en prisión, como es el caso del ex jefe de las Farc, no se podrá posesionar este 20 de julio.

Rivera indicó que “cuando una persona está privada de la libertad no puede acudir al recinto del Congreso, que es en donde se tiene que tomar posesión del cargo de senador o representante a la Cámara”.

Margarita Restrepo

La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia que adelante las respectivas investigaciones en contra de la representante a la Cámara Margarita Restrepo, del partido Centro Democrático, por su supuesta responsabilidad en ofrecimientos para favorecer su reelección.

El fiscal Martínez reveló que se estableció que la campaña de esta congresista habría ofrecido, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor de 120 mil pesos, tabletas a 30 mil pesos y televisores de 49 pulgadas valorados en 350 mil pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara por Antioquia.

Por estos hechos, los fiscales identificaron una posible responsabilidad de Alejandro Cuartas Rodas (gerente de la campaña) y Elizabeth Jaramillo Rico, quienes habrían hecho la oferta a más de 400 personas que asistían a reuniones de la entonces candidata.

María Fernanda Cabal

La Fiscalía descubrió que, desde noviembre de 2017, un contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara Diego Caro y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos.

El fiscal Martínez indicó que para confirmar el compromiso del voto, el contratista les exigió a las docentes la elaboración de un listado con el nombre de al menos 10 familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo 20 personas.

De acuerdo con los investigadores, a algunas de las reuniones  habría asistido como veedor el señor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy.

Ante los hechos detectados, están siendo procesados por los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante Julián Gutiérrez y y Jhon Francisco Rodríguez.

El fiscal General precisó que por el momento los investigadores no encontraron méritos para  compulsar copias por estos hechos contra la congresista María Fernanda Cabal. Sin embrago, se seguirán con las indagaciones.

Sobre el tema, la congresista Cabal escribió en su cuenta en Twitter: "Qué irresponsable señor fiscal Néstor Humberto Martínez, señalarme cómo parte de una ‘red’ que indujo a electores a votar por mí, entregando 200 mil pesos en sobres como los mafiosos!! Mi voto es de opinión, NO TENGO contratos ni mermelada con el Estado. @FiscaliaCol".

Julián Bedoya y otros casos

Se presentó la captura en Caucasia (Antioquia) del subdirector del SENA en el Bajo Cauca, Braulio Suárez Ortega, quien habría presionado con la pérdida del empleo a los contratistas para que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo Julián Bedoya Pulgarín del partido Liberal, por al parecer tener el manejo político de la entidad en esa región.

También se indaga por la presencia de tarjetones marcados aparentemente a favor del candidato Faber Muñoz, en el departamento del Cauca.

La Fiscalía General compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al senador Jesús Albertor Castilla por sus presuntos vínculos con la guerrilla del ELN; el senador desmintió esos señalamientos y afronta la investigación ante el alto tribunal.

'Los Bulldozer' y el caso Odebrecht

Los senadores electos Armando Benedetti (partido de ‘la U’) y Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical) fueron señalados por la Fiscalía General de tener vínculos con la cuestionada multinacional Odebecht.

Los congresistas resultaron salpicados por supuestamente haber hecho parte del grupo de 'Los Bulldozer', el cual era integrado por legisladores que habrían recibido 2 millones de dólares por hacer lobby a favor de Odebrecht a través de la reforma tributaria, según las investigaciones de la Fiscalía.

En diciembre pasado ya la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar al senador Armando Benedetti por sus supuestos vínculos en el entramado de corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia.

Esta investigación se desprendió de la compulsa de copias que pasó la Fiscalía a la Corte, en contra un grupo de 11 congresistas que los relacionan con el pago de la millonarias coimas para aprobar la estabilidad jurídica de la Ruta del Sol en 2012 y la adjudicación del otrosí Ocaña-Gamarra a la firma brasileña Odebrecht.

Dicho grupo de ‘Los Bulldozer’ y los políticos salpicados fueron Musa Besaile, Armando Benedetti, Antonio Guerra de la Espriella, Alfredo Ape Cuello, Sandra Villadiego, Álvaro Ashton, Martín Morales Diz, Ciro Rodríguez, Artleth Casado, Plinio Olano, Bernardo Elías Vidal.