Reestructuración de UNGRD: Director desconoce como será llevará a cabo el proceso
El director de Gestión de Riesgo advirtió que la reforma que se haga debe pasar por el Congreso de la República.
Aunque el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno hará una reestructuración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), debido a todos los escándalos de corrupción, el director actual de esa entidad, Carlos Carrillo, aún no conoce de qué manera se llevará a cabo este proceso.
Carrillo afirmó que “hace unas semanas el presidente había hablado en un discurso sobre la necesidad de una reestructuración, pero por el momento no tenemos claro cuál sería la naturaleza o alcance de esa transformación”.
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Sin embargo, el director de Gestión de Riesgo advirtió que la reforma que se haga debe pasar por el Congreso de la República, lo que quiere decir que debe haber un esfuerzo conjunto entre las partes.
“Lo que debo decir es que sea cual sea la transformación, esa es una discusión que debe dar el legislativo, recordemos que el sistema nacional de gestión del riesgo está dentro del marco de la ley 1523 y es solo el Congreso de la República el que puede modificar esa ley, así que esto sería un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo en caso de que decidiéramos tomar decisiones drásticas sobre reformas la UNGRD”, indicó.
Dijo que dicha reforma a la entidad no podría acabar con la contratación directa, que es la herramienta poderosa que se tiene para atender las situaciones de emergencia que se puedan registrar en el país.
“Es imposible que se acabe la contratación directa, es como cuando usted tiene una herramienta muy poderosa y la puede usar para el bien o para el mal, el asunto no es el poder de la herramienta, sino quien la usa. Estamos ante un grave dilema y no podemos quitarle las capacidades a una cartera de riesgo de responder de manera ágil, tenemos que garantizar que lleguen personas honestas ahí”, añadió.
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Según la Contraloría General de la República, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo se habrían cometido irregularidades en contratos por alrededor de cinco billones de pesos.