Sale a la luz el expediente del congresista Carlos Abraham Jiménez, investigado por la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia avanza en una investigación contra el senador Carlos Abraham Jiménez, quien es señalado de haber incurrido peculado por apropiación en provecho propio o a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada. 

El expediente resalta que el congresista habría solicitado a los trabajadores de su Unidad de Trabajo Legislativo, la entrega del dinero que recibían en concepto de salario mensual, primas y prestaciones, lo que sería recompensado con el pago de la salud y pensión. 

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"Como que los empleados asignados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) debían hacer entrega total de sus salarios mensuales, primas, prestaciones y demás beneficios obtenidos, y como contraprestación tendrían la cobertura y la cotización de los servicios de salud y pensión", afirma el documento. 

El tribunal identificó uno de los casos, pues María Juliana Abadía Abadía, una de las trabajadoras legislativas del congresista, de quien se dice que su "ingreso a la UTL del congresista ABRAHAM JIMÉNEZ obedeció a un pacto criminal", pues entregó todos sus ingresos a cambio de la "ayuda" de la salud y pensión.  

"Exigió LA ENTREGA TOTAL DE SU SALARIO MENSUAL, PRIMAS PRESTACIONES Y DEMAS BENEFICIOS OBTENIDOS. (...) El beneficio para Juliana Abadía Abadía era que tenía protección de SALUD Y PESIÓN durante todo el tiempo, algo importante para ella y así se sintió protegida y beneficiada por 'la ayuda'", añade el documento. 

La corte resalta que, incluso, el ahora senador, se habría apropiado de la tarjeta de débito de la funcionaria para administrar el dinero devengado por Abadía a través de terceros, lo que sería la "prueba reina del entramado". 

"Juliana Abadía le entregó la Tarjeta Débito de su cuenta nómina donde le consignaban su salario, al señor Representante y éste la manejó a través de terceras personas todo el tiempo. ¡Mensualmente le retiraban todo su pago! El manejo irregular de la Tarjeta Débito donde se le depositaban sus salarios es la PRUEBA REINA de este entramado criminal, ya que le manejaron siempre la tarjeta", añade el expediente. 

Sin embargo, la Corte Suprema destaca que según la investigación, pudieron evidenciar que la trabajadora de la ULT nunca cumplió con ninguna función en el Congreso, pues ni si quiera registró su huella para el ingreso a las instalaciones legislativas.

"Abadía nunca cumplió horario ni funciones, nunca asistió a su puesto de trabajo, nunca ingresó diariamente a él, ni registró su huella, ni existió constancia alguna de su presencia en la oficina del representante o realizar algunas gestiones de él en Cali ante autoridad alguna o ante oficina alguna del parlamentario", dicen los magistrados de la Sala de Instrucción. 

La sala señala que, posiblemente la secretaria Departamental de la Gobernación del Valle del Cauca habría sido la persona encargada de hacer los retiros del dinero de la cuenta de Abadía, que fueron registrados en la ciudad de Cali.

Además afirman que, el único dinero que pudo retirar la trabajadora de la UTL fue la liquidación, que fue producto de una amenaza de presentar una denuncia con la situación. 

"La única plata que pudo retirar directamente la señora Juliana Abadía Abadía durante esa época, fue su liquidación, ya que también se la iba a quitar la señora Noralba García pero ella amenazó con denunciar todo", concluye el relato. 

Los magistrados además identificaron que, en la misma situación de Juliana Abadía, habría otras cinco personas que serían Olga Lucia Pineda Palacios, María Solange Maya Restrepo, Argenis Elena Ruiz Brochero y Carolina Mena Escobar.

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Estos hechos son objeto de investigación por los magistrados de la Sala Especial de Instrucción para esclarecer lo sucedido con los recursos de los trabajadores legislativos.